Por: Patricio Cartagena D.
Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN
Abogado, Ex VPE Cochilco
La reciente entrega al Presidente de la República de la versión final de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos marca un hito relevante en la agenda minera del país. Culmina un proceso participativo y técnicamente sólido, que permitió ordenar visiones y fijar una hoja de ruta en un contexto global marcado por la transición energética, la creciente competencia por recursos estratégicos y la necesidad de sostener la competitividad minera de Chile en el largo plazo. Con la Estrategia ya definida, el desafío cambia de naturaleza: ya no se trata de seguir afinando el diagnóstico, sino de evaluar su capacidad real para transformarse en política pública efectiva.
Una Estrategia necesaria y bien orientada
La Estrategia Nacional de Minerales Críticos constituye un avance relevante en la forma en que el país ordena su mirada sobre el nuevo ciclo minero global. Como hoja de ruta no vinculante, articula de manera coherente cinco ejes estructurantes: seguridad de suministro, sostenibilidad ambiental y social, diversificación productiva y agregación de valor, fortalecimiento de la institucionalidad minera, e inserción internacional de Chile como proveedor confiable.
Su carácter participativo, su alineación con compromisos internacionales y su enfoque de largo plazo permiten valorarla como un buen marco estratégico, capaz de alinear visiones y prioridades del sector público y privado. En ese sentido, la Estrategia cumple adecuadamente su función: ordenar el debate y fijar dirección.
El límite estructural: una estrategia programática
Precisamente por su naturaleza, la principal debilidad de la Estrategia no es conceptual, sino estructural. Se trata de un instrumento programático, que no crea normas, no modifica el régimen legal minero ni introduce obligaciones exigibles.
Esto es comprensible en esta etapa, pero no puede transformarse en un punto de llegada. Mientras la Estrategia no se traduzca en instrumentos regulatorios, incentivos económicos y ajustes institucionales, seguirá operando más como marco orientador que como política pública efectiva. El riesgo es conocido: un buen diagnóstico que no logra permear la realidad operativa y las urgencias del sector.
Minería secundaria: del reconocimiento estratégico a la habilitación normativa
Uno de los ámbitos donde esta brecha se vuelve más evidente es la minería secundaria.
La Estrategia acierta al reconocer el potencial contenido en relaves, escorias y otros pasivos mineros, vinculando su valorización con sostenibilidad, economía circular y minerales críticos. Este reconocimiento no es menor: instala de manera definitiva la minería secundaria en la agenda minera nacional.
Sin embargo, el paso decisivo aún está pendiente. El marco regulatorio chileno continúa tratando la minería secundaria como una extensión problemática de la minería primaria o como una carga ambiental, más que como una actividad productiva con lógica propia.
En la práctica, esto se traduce en: cargas regulatorias desproporcionadas, incertidumbre sobre responsabilidades ambientales, ausencia de permisos habilitantes específicos y falta de incentivos económicos claros.
El resultado es previsible: proyectos técnicamente viables y ambientalmente deseables que no logran materializarse.
Propuestas para una agenda pública en minería secundaria
Si la Estrategia quiere cumplir su promesa, la minería secundaria debiera transformarse en un eje central de la agenda minera del próximo gobierno. Desde una lógica propositiva, ello exige avanzar en al menos cinco líneas concretas:
- Reconocimiento legal expreso: Incorporar la minería secundaria y la valorización de pasivos mineros como actividades productivas de interés público, diferenciadas de la minería primaria.
- Regulación diferenciada y proporcional: Separar normativamente el impacto histórico del pasivo de la nueva intervención destinada a su recuperación, manteniendo altos estándares ambientales, pero alineados con el objetivo público perseguido.
- Permisos habilitantes claros y con plazos: Diseñar procedimientos específicos para proyectos de reprocesamiento, reduciendo incertidumbre y otorgando certeza jurídica a los inversionistas.
- Incentivos económicos y de fomento: Evaluar instrumentos tributarios, financieros o de compras públicas que viabilicen proyectos de minería secundaria, especialmente en pequeña y mediana minería y en proveedores tecnológicos.
- Metas y métricas verificables: Incorporar objetivos cuantificables —por ejemplo, porcentajes de recuperación de minerales críticos desde fuentes secundarias en plazos definidos— que permitan evaluar el cumplimiento real de la política pública.
Este enfoque no supone relajar estándares ni alterar los principios históricos del sector. Por el contrario, refuerza la tradición minera chilena de certeza jurídica, responsabilidad ambiental y competitividad de largo plazo.
Del diseño a la ejecución
La Estrategia Nacional de Minerales Críticos cumple adecuadamente su función: ordenar el debate, fijar prioridades y proyectar a Chile como un actor relevante y confiable en el nuevo ciclo minero global. Ese trabajo está hecho y merece ser valorado.
El desafío que se abre ahora es distinto y más exigente. Supone traducir visión en decisiones, hoja de ruta en instrumentos, y consensos estratégicos en reglas claras, plazos definidos y responsabilidades asumidas.
La minería secundaria ofrece una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección, combinando competitividad, sostenibilidad y resolución de pasivos históricos. Convertirla en un eje estructural de la agenda minera no solo es coherente con la Estrategia, sino también con la mejor tradición minera del país, aquella que ha sabido anticiparse, adaptarse y proyectarse en el tiempo.
