Según cifras de la Defensoría de la Niñez, ha disminuido la cantidad delitos perpetrados por niños, niñas y adolescentes, sin embargo, la violencia asociada a estos ilícitos en los que participan se ha incrementado considerablemente. Sin ir más lejos, a inicios de junio, un menor de 14 años fue detenido tras participar en encerronas en la Región Metropolitana, mientras que en mayo otro niño, de 10 años, fue aprehendido tras estar involucrado en el robo de un vehículo, en la comuna de Ñuñoa.
En este contexto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, aseguró en Estado Nacional que el incremento de la violencia en los menores de edad “refleja la incapacidad del sistema de intervenir adecuadamente cuando ya han ingresado al sistema penal y debe el Estado lograr que salgan de ese comportamiento”.
La crítica en el diagnóstico de la situación la formuló sobre la base de lo que consideró como una “ineficacia” en la intervención, donde esta “no ha sido capaz” de terminar el proceso en el cual los jóvenes se vinculan a los delitos “porque lo que hace es que el contacto con el sistema penal propende a que se sigan vinculando con este y que no seamos capaces de sacarlos”
“Estamos haciendo las cosas mal y llevamos mucho tiempo haciendo las cosas mal, porque el hecho de que estos jóvenes que participan en este crimen hayan tenido permanentes ingresos al sistema y condenas previas por hechos de menor intensidad demuestra que cuando no se interviene adecuadamente, ya hablando en casos en que no hemos sido capaces de prevenir que estos hechos ocurran, pero estamos siendo incapaces de intervenir para que se produzca el desistimiento del delito, para que no forjemos carreras delictuales en los jóvenes y terminen incrementándose el nivel de violencia con el que participan”, expresó, refiriéndose a los jóvenes condenados por el homicidio de Tamara Moya en una encerrona.
En este sentido, la titular del organismo defensor de la infancia atribuyó esta problemática a la política reactiva que constantemente se impulsa y no a la prevención, apuntando sus dardos, por ejemplo, al acuerdo transversal por la seguridad, promovido por el gobierno.
“Ha surgido políticamente este tema del acuerdo transversal por la seguridad, pero está todo muy enfocado en la reacción y si seguimos así esto no lo vamos a resolver ni a mejorar, y el desafío del Estado es, primero que todo, es evitar que los niños sean víctimas de vulneraciones y consecuentemente con ello que luego se vinculen al sistema penal, hay que alejarlos de ahí”, recalcó.
Al respecto, Muñoz consideró como uno de los factores que han propiciado a esta realidad el auge que ha tenido en la actualidad el narcotráfico y el elevado protagonismo que trae consigo, lo que a su juicio implica un contacto temprano de los niños con bandas de crimen organizado, que les ofrecen estándares de vida que el sistema social en el que se desenvuelven no les puede ofrecer.
“Si estoy exponiendo a los niños a esa comparación, a cómo me valoran más por tener la mejor zapatilla o el mejor buzo, ese es el foco con el que estamos interviniendo y es una batalla que corremos un riesgo muy grande perder y que no podemos como Estado perder (…) Lamentablemente, si no tomamos decisiones como país que vayan a atacar lo que hay que atacar, y seguimos en esta línea reactiva que además no asegura una persecución penal efectiva, en la línea de que no se puede determinar en porcentajes muy altos la autoría, obviamente puede ser una batalla perdida y es el peor escenario”, acotó.
“No se le ha tomado el peso suficiente”
Consultada sobre si el gobierno del Presidente Boric está llevando a cabo políticas públicas para subsanar esta situación, la abogada reprochó que “no se le ha tomado el peso suficiente”, y exhortó al ministerio conducido por Izkia Siches a liderar esta problemática.
“Me parece que el Ministerio del Interior debe tener un liderazgo muy contundente pero que es transversal, porque si solo nos enfocamos en la lógica de este acuerdo por la seguridad, que va a estar asociado a la reacción punitiva pero no al deber que tenemos de generar prevención efectiva para poder impactar en menos adolescentes vinculados al sistema criminal no vamos a ser capaces de hacer el trabajo bien”, explicó.
Otro de los elementos que la defensora enlistó como un nexo entre la infancia y los espacios de delincuencia es la exclusión escolar, y aprovechó de criticar la determinación del gobierno de adelantar y extender las vacaciones de invierno, del 30 de junio al 25 de julio, asegurando que fue “un error”.
“No nos olvidemos que en Chile tenemos más de 132 mil niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar, lo que además está propiciando ser un riesgo mucho más alto de que se generen más espacios de exclusión, a propósito de la pandemia. Cuando uno ve que además se generan estas vacaciones más amplias, cuando recién estamos volviendo a clases, con todo lo que implica la posibilidad de desaparecer del entorno educativo. (…) Yo creo que fue un error en cómo se trabajó, en cómo se coordinó, en cómo se miró el desafío que representa el poder vincularlos al espacio educativo, porque el colegio no es solo que aprendan matemáticas”, precisó.
En esta línea, Muñoz repasó la declaración del presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien el viernes manifestó la molestia de los docentes por la idea de mantener las escuelas abiertas en extensión de vacaciones de invierno, advirtiendo que “no somos guardería”.
Al respecto, la defensora puntualizó que “no son guarderías, pero el colegio es un espacio en el cual los niños se desenvuelven y generan procesos de vínculos que son centrales para su desarrollo y, por lo tanto, yo esperaría que el Colegio de Profesores empezara de una buena vez a tener un comportamiento acorde con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes más que con una lógica gremial, que creo que no colabora con lo que necesitamos”.
Fuente: La Tercera
