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Decretan prisión preventiva para concejal de Tierra Amarilla, nuevo implicado en la “Operación Pureza”

En doble jornada de este viernes, en la mañana y luego por la tarde, se desarrolló la audiencia de formalización del concejal de Tierra Amarilla, Boris Pérez Espinoza, en el Juzgado de Garantía de Copiapó, la cual se realizó luego de la detención del edil, como imputado e involucrado en el caso denominado “Operación Pureza”, acción que llevó a cabo la Policía de Investigaciones de Copiapó.

En el desarrollo de la misma, tanto el Ministerio Público, representado por el Fiscal Luis Miranda, como la parte querellante en representación del Consejo de Defensa del Estado, expusieron los antecedentes recopilados hasta el momento, dando cuenta del modo en que se operó para ejecutar una serie de actos ilícitos.

El Fiscal Miranda, en parte de su argumento, al momento de solicitar la prisión preventiva señala que el concejal no ejerció su labor de fiscalizar al alcalde en ejercicio, sino más bien, se asocia para ejercer presiones indebidas y cometer el delito, con el objetivo de obtener dinero:

Mientras que el Consejo de Defensa del Estado, al momento de contra argumentar lo expuesto por la defensa del Concejal, el abogado Juan Fernández destacó que la figura de concejal si es considerado un funcionario público, en términos de persecución penal en caso de cometer delito, poniendo su punto de atención en la figura de cohecho, donde de forma reiterada habría recibido mes a mes una determinada cantidad de dinero, de manera fraudulenta:

Tras escuchar los argumentos, Ubaldo Basoa, juez de Garantía de Copiapó, realizó el respectivo análisis de los argumentos expuestos por las partes, donde los agrupo en cuatro aspectos, considerando la gravedad de los delitos cometidos, decretó la prisión preventiva, entregando un plazo de tres meses para la investigación.

FISCALIA DE ATACAMA

La Fiscalía de Atacama formalizó la tarde de este viernes a un concejal de la Municipalidad de Tierra Amarilla, ello como parte de una extensa investigación por delitos de fraude al fisco y cohecho, ambos reiterados, en que ya se ha formalizado a otras trece personas, entre ellos al alcalde suplente de esta localidad.

La audiencia fue asumida por el fiscal de la especialidad de delitos económicos de la Fiscalía Local de Copiapo, Luis Miranda Flores, quien en esta oportunidad comunicó los hechos materia de la investigación en contra del actual concejal Boris Perez.

En su argumentación, Miranda indicó que a partir de actuaciones irregulares del edil investigado, se generó un perjuicio de 15 millones 168 mil pesos que, a manera de sobresueldo, fueron a parar a manos del imputado. De acuerdo a la investigación llevada a cabo junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Atacama, el imputado junto al alcalde suplente, Mario Morales, actualmente en prisión preventiva, contrataron a un arquitecto en modalidad de honorario para cumplir funciones en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Tierra Amarilla, y quien bajo amenaza de perder su empleo debía entregar parte de sus honorarios, aumentados de forma artificial, al mencionado concejal. Acto ilícito que se reiteró desde el año 2017 hasta febrero de 2020. Todo ello, afectando el erario público y los recursos económicos de este municipio.

En su exposición el fiscal Luis Miranda dio cuenta de prueba documental que ya forma parte de la carpeta investigativa de este caso, además de conversaciones vía WhatsApp e interceptaciones telefónicas. Material que evidencia el actuar irregular del concejal detenido.

Considerando estos antecedentes y debido a la gravedad de los delitos y las penas que arriesga de acuerdo a la Ley Vigente, la Fiscalía de Atacama solicitó en contra del imputado la medida cautelar de prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Petición a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado que actúa como querellante en la causa.

En su resolución el Juez de turno argumentó que los antecedentes dados a conocer por la Fiscalía, justificaban la existencia de los delitos formalizados y accedió a la solicitud del Ministerio Público ordenando el ingreso del imputado a la cárcel de Copiapó. 

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