El inicio de la vacunación masiva en el país trajo una polémica referida a la adquisición del medicamento ruso Avifavir por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacia Popular (ACHIFARP).
A pesar que el ISP, en agosto del año pasado, autorizó la importación de 250.000 comprimidos del mismo (2.500 tratamientos aproximadamente) para uso experimental, el pasado 4 de febrero, la Contraloría ofició al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en su condición de presidente de la ACHIFARP, debido a diversas denuncias referidas a la adquisición y uso del fármaco.
En rigor, al municipio se le exigió entregar la información sobre el proceso. “En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se solicita sirva informar a esta Contraloría Regional del aludido proceso, adjuntando los antecedentes de respaldo que fundamentan dicha adquisición, así como del pago, recepción de los productos y distribución según corresponda”, señala el oficio.
Al respecto, el alcalde Jadue se defendió de las críticas. Para él, todo el entuerto y las críticas tienen que ver con una motivación diferente a la sanitaria. “Hay un móvil político detrás -aseguró en el programa Mesa Central-. Tal como dice la resolución, [el Avifavir] se trajo para ser entregado de manera excepcional porque es de uso clínico”.
Según el edil, el tratamiento se aplica en el SAR de la comuna por una razón. “En un contexto de pandemia, en que nos están faltando camas criticas, créame que entregar ese medicamento en la salud primaria de Recoleta evitando que más pacientes se hospitalicen, a nosotros nos parece una condición suficiente”.
En su momento, el Colegio Médico también levantó algunos reparos en voz de su presidenta, la doctora Izkia Siches, quien señaló que la prescripción del fármaco aún debe esperar por más estudios que la avalen. “La recomendación es no utilizarla en el uso clínico, menos prescribirla en la atención primaria, y esperar a que se consolide la evidencia que está disponible en el mundo”, aseguró.
Al respecto, el edil recogió el guante. “No hay un debate sobre la eficacia, hay demasiados estudios hoy, unos dicen que tiene mucho y otros que tienen poco -aseguró-. Los que avalan el uso dicen que en el 65% de los pacientes al cuarto día la carga viral se reduce a cero”.
Sin embargo, Jadue deslizó una crítica al organismo. “El colegio medico me planteó con falta de respeto absoluta evaluar a mis asesores (…) yo pediría un poco mas de respeto a los profesionales que están en esto”.
Muerte de malabarista: “Se hace necesaria una intervención civil de carabineros”
Jadue también abordó la contingencia. Se refirió a la muerte del malabarista Francisco Martínez, quien fue baleado por el sargento segundo de carabineros, Juan González Iturra, tras un control de identidad en una calle de Panguipulli. El edil calificó de “pobre” la reacción del gobierno al respecto.
Ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que pidió los antecedentes del hecho a Carabineros, condenó la quema de los edificios públicos, pero aseguró que de momento no hay intención de revisar los procedimientos de control de identidad. “Es una herramienta preventiva que nada tiene que ver con el uso del arma, eso tiene que investigarse”, aseguró.
Por ello, Jadue señaló: “Lamento la pobre respuesta de un gobierno que no hace control de la policía”. Para él, lo ocurrido justifica una reestructuración de la policía uniformada. “Se hace necesaria una intervención civil inmediata, no hay tiempo para reformas, necesitamos una intervención civil que detenga esta autonomía operativa de carabineros”.
Respecto de la quema de los edificios públicos de Panguipulli, tras conocerse la noticia de la muerte del malabarista, Jadue fue enfático. “Lo condeno, y yo espero que se hagan todas las investigaciones, porque nada justifica lo que pasó después”.
Fuente: latercera
