Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló alarmantes brechas administrativas en la gestión de personal de las municipalidades del país, con especial énfasis en la Región de Atacama. El estudio, contenido en el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°7 de 2025, da cuenta de una preocupante falta de cumplimiento de la ley N° 18.695, que obliga a las municipalidades a registrar todos los actos administrativos relativos a su personal en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
La región de Atacama, específicamente, figura entre las zonas con mayor cantidad de actos administrativos no registrados, alcanzando un total de 3.725 actos omitidos, lo que representa un 64% de omisión, superando ampliamente el promedio nacional de 43%. Esta falta de registro afecta directamente a la transparencia del funcionamiento municipal y pone en entredicho la correcta administración de los recursos públicos.
Dentro del listado de comunas con mayores problemas se encuentran Copiapó, Caldera y Diego de Almagro, las cuales figuran explícitamente en el ranking de municipios con actos no registrados. Esta omisión no solo implica una infracción administrativa, sino que no entrega los datos que permitan tener plena transparencia respecto de situaciones de contratación irregular, pagos fuera de norma o falta de fiscalización efectiva sobre los recursos humanos municipales.
Además, el informe identificó a personas que recibieron rentas o pagos por honorarios de municipios entre 2022 y 2023 sin estar registradas en el SIAPER, una situación que afecta a todas las regiones del país y que en Atacama se traduce en una significativa cantidad de trabajadores potencialmente no formalizados en los sistemas públicos de control.
Este diagnóstico se enmarca en el Plan Nacional de Monitoreo y Control Municipal, impulsado por la Contraloría para corregir estas falencias. La situación detectada en Atacama refleja no solo un incumplimiento técnico, sino también una debilidad estructural en la gestión de recursos humanos a nivel local. A pesar de que el sistema SIAPER está diseñado para garantizar el uso correcto de los fondos públicos y prevenir irregularidades, muchas municipalidades aún no cumplen con los estándares mínimos de reporte.
Por ejemplo, el informe señala que más de 106.000 días hábiles de retraso se acumularon en el envío de información por parte de las municipalidades a nivel nacional, muy por encima de los 15 días hábiles que exige la ley. Esta lentitud en la entrega de datos impide realizar un seguimiento oportuno de la gestión municipal.
Entre las comunas más críticas, destacan:
Copiapó, con más de 3.725 actos administrativos no informados.
Diego de Almagro, que acumula 3.425 actos omitidos.
Caldera, con una cifra de 3.870 actos sin registro.
Estas cifras no solo revelan una tendencia preocupante de falta de cumplimiento, sino que también exponen un problema sistémico: más de 43% de los actos administrativos informados recientemente no habían sido ingresados previamente al sistema, violando la obligación legal de hacerlo en un plazo de 15 días.
Aunque no se especifican cifras exactas para cada comuna de Atacama, el informe indica que 1 de cada 5 personas pagadas por los municipios no figura en el registro oficial. Esta omisión podría implicar pagos a funcionarios eventuales, a honorarios o incluso posibles irregularidades administrativas, de ahí la importancia de poder actualizar la información en el sistema, para clarificar las respectivas gestiones administrativas en cada municipio.
