Por ocho votos a favor y cinco abstenciones, la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea un Ingreso Familiar de Emergencia, a consecuencia de los efectos económicos que está generando la pandemia de COVID-19.
“Esto es gasto puro, lo que estamos haciendo es focalizando el gasto; estamos haciendo un esfuerzo social gigante en general. Este proyecto es para trabajadores informales”, expresó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien destacó la cobertura que tiene la normativa, que busca entregar una ayuda económica para las familias de menores ingresos.
El secretario de Estado abordó, además, los cuestionamientos de la oposición respecto al mecanismo de postulación que figura en la iniciativa, considerando la necesidad de que los beneficiarios actualicen la ficha del denominado Registro Social de Hogares.
“Tenemos toda la disposición para buscar una fórmula que sea lo más automática posible y lo más eficiente también. Como Gobierno no tenemos ningún enamoramiento con la forma de postulación, pero debemos recordar que el Registro Social de Hogares mide una situación de 12 meses hacia atrás, por ello, estamos utilizando este indicador socioeconómico de emergencia. Tenemos que ver un equilibrio entre mecanismo de postulación y automatización del sistema”, enfatizó.
Durante la tarde, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo una exposición por videoconferencia, donde señaló que no se dispondrá de fondos adicionales para subir el monto del beneficio. Adujo que el Gobierno debe ser “extremadamente prudente, considerando que lo que viene pronto es apuntalar el empleo. que es la fuente de ingreso de las familias chilenas”.
“No vamos a modificar el monto fiscal de las medidas anunciadas en este paquete porque todavía queda bastante por venir. Acá tenemos una situación que nos obliga a ser muy cautelosos, hoy tenemos un déficit fiscal de un 8% del producto y, por lo tanto, tenemos un momento excepcional que nos obliga a ser extremadamente responsables en el uso de los recursos”, remarcó.
Cabe recordar al respecto que el informe financiero del proyecto plantea un costo fiscal de aproximadamente 300 millones de dólares mensuales, ya que el Gobierno estima que el bono podría beneficiar a 1,7 millones de hogares del país, con una población potencialmente beneficiada de 4,3 millones de personas, monto que parte de la oposición califica como insuficiente.
El proyecto en trámite será debatido y votado en su articulado este miércoles por la instancia, para luego pasar a la comisión de Hacienda y, de ahí, a la Sala.
En lo medular, entrega un ingreso familiar de emergencia a aquellos grupos familiares cuyos ingresos dependen de fuentes informales y, por tanto, no pueden acceder a los beneficios de otras normativas, como la ley de protección al empleo.
Este beneficio se focalizará en los hogares del 90% más vulnerable de la población nacional de acuerdo a la Caracterización Socioeconómica considerada en la Ley 20379 y que pertenezcan al 60% de la población más vulnerable, conforme al indicador socioeconómico de emergencia, instrumento que será elaborado por la Subsecretaría de Evaluación Social.
Para poder optar al IFE, los integrantes del hogar no pueden percibir pensiones de ninguna naturaleza, rentas de trabajo, remuneraciones, seguro de cesantía o subsidios de incapacidad laboral, salvo que la suma de estos ingresos sea inferior al monto que correspondería en la presente propuesta legal para la población del 40% más vulnerable y, en cuyo caso, el aporte será la mitad del aporte establecido para dicho sector
La propuesta plantea que para el 40% más vulnerable de este grupo, el aporte para el primer mes será de 65 mil pesos por persona (no carga) integrante de un hogar de hasta cuatro personas y llegará a un tope máximo de 494 mil pesos cuando el hogar esté compuesto por diez o más personas.
En el caso de los hogares ubicados entre el 40 y el 60%, el monto del beneficio será de dos tercios del aporte definido anterior, es decir unos $43.333 pesos por persona, con un aporte máximo de $329.333 pesos.
En el caso de los hogares beneficiarios que tengan ingresos parcialmente informales, corresponderá al 50% de lo que recibiría una familia sin ingresos formales con el mismo número de integrantes y vulnerabilidad socioeconómica. De tal forma, el aporte será de $32.500 pesos por persona con un tope máximo de $247 mil pesos.
Fuente: 24horas.cl
