El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, defiende la idea que planteó al Ejecutivo de decretar estado de excepción en la RM debido al aumento de la inseguridad. Dice que en el gobierno sigue habiendo un cierto complejo para enfrentar la delincuencia con todas las armas institucionales y emplaza a plantear alternativas.
¿Cómo evalúa al Ejecutivo en su respuesta a esta crisis de seguridad en la Región Metropolitana?
Estamos en la peor crisis, tanto en Santiago como en el país. Se caracteriza por el aumento de delitos más violentos, el uso ilegal de armas de fuego y la presencia del crimen organizado, narcotráfico, inclusive de bandas internacionales. Más que apuntar todos los dardos al gobierno, el Estado y la sociedad chilena dejaron pasar muchas señales del escalamiento de la violencia. Al gobierno le está tocando hacerse cargo de la crisis de la última década.
¿Qué piensa de las medidas adoptadas por Tohá y Monsalve?
No pongo en duda el compromiso en esta materia. Si bien el gobierno partió minimizando la importancia del tema, hoy lo tiene absolutamente claro. Está apuntando en la dirección correcta, se están aumentando los recursos para la policía y para la Fiscalía, por lo menos en el presupuesto 2024 y este año se han aprobado leyes que son importantes, a pesar de que hay otras que están durmiendo en el Congreso. Ahora, lo que más preocupa es el sentido de urgencia en la gestión.
¿Todavía cree que la izquierda tiene un complejo para avanzar en materia de seguridad?
Es evidente que hay un sector de la izquierda que tiene un complejo frente a la delincuencia y el uso de la fuerza. Esto se refleja en que muchos de los proyectos de ley que presenta la ministra Tohá terminan votados en contra por parte de su coalición. Claramente hay dos almas. Algunos no tienen ningún temor en enfrentar la seguridad y otros se enredan porque les tienen temor a los militares o al uso de la fuerza. Atacaron a un carabinero con una granada que arriesga su vida por defender a todos los chilenos. Hemos visto metralletas, pistolas automáticas enfrentadas a carabineros que tienen un revólver con cinco tiros. Hay que reconocer que este es otro tipo de delincuencia y que el Estado tiene que ser capaz no sólo de dotar a su policía de las facultades legales, sino también de capacidad para enfrentarse a delincuentes armados hasta los dientes.
¿Ese complejo de un sector de la izquierda ha restado efectividad?
Estuve con el subsecretario Monsalve en la reunión de Crimen Organizado, hablé con la ministra Tohá. Algunos sectores de la izquierda tienen la misma determinación que yo en cuanto a enfrentar la delincuencia. Lo que está en juego no es la popularidad del gobierno, lo que está en juego es la democracia. Chile está a tiempo de enfrentar esto con decisión, pero hay que tomar muchas medidas con sentido de urgencia y unidad. Por eso, no me quiero meter en la pelea chica de estar sacando dividendos políticos, yo quiero sumar con los recursos del gobierno de Santiago, con mi liderazgo, con mi conocimiento de los temas.
Uno de los principales argumentos de la autoridad para descartar el estado de excepción en la RM es que no es igual a La Araucanía.
No estoy de acuerdo con el Ejecutivo. Están las condiciones para aplicar un estado de excepción, pero por cierto en circunstancias muy distintas. Esto no es para reemplazar a los carabineros en el patrullaje de la calle, sino que se trata de ocupar las capacidades del Ejército, de inteligencia, autos blindados, de algunas protecciones de infraestructura crítica para liberar a Carabineros. El Ejecutivo dijo que no era el momento, que por ahora lo descarta, por lo que he hecho una contrapropuesta: por qué no aplicamos la Ley de Infraestructura Crítica que permite, al igual que todas las capitales de Europa, el patrullaje y control de centros importantes y neurálgicos, como estaciones de trenes, de buses o intermodales. Lo único que le pido al Ejecutivo y al Congreso es que no descartemos ninguna herramienta para combatir al crimen organizado.
Las FF.AA. han argumentado que no tienen un rol en las tareas del orden público. No se ve apoyo a su propuesta.
Escuché a un excomandante en jefe decir eso. Si mal no recuerdo, las FF.AA nunca han estado de acuerdo en ser utilizadas. No estuvieron de acuerdo en el norte y tampoco en el sur. Sin embargo, lo acataron y me imagino que si el Presidente ha insistido un año y medio en que se renueve el estado de excepción en las macrozonas es porque algún rol cumple. Le pido al Ejecutivo que si no le parece lo que estamos proponiendo de usar a las FF.AA. -que creo que efectivamente es una medida drástica-, entonces que plantee cuáles son las otras medidas drásticas que está dispuesto a impulsar.
El ex general Ricardo Martínez que las FF.AA. también planteó que no pueden hacer algo en la línea del orden público…
¿Qué es lo que hacen entonces en el sur y en el norte? ¿Qué es patrullar una carretera si no es colaborar con el orden público? Nunca he planteado tener a militares patrullando las poblaciones a cada rato, pero de repente para un operativo sí. No he dicho que reemplacen a Carabineros, pero sí pueden ayudar con su sistema de inteligencia. No caricaturicemos, creo que hay una debilidad en el discurso. No me voy a obsesionar, porque es una de muchas medidas. Es mucho más importante perseguir al dinero, tener cárceles especializadas y que se den las atribuciones a los gobiernos regionales.
Usted ha exigido atribuciones en ese sentido, ¿qué medidas en particular pueden robustecerse en la gestión de seguridad?
Más allá de la eliminación del delegado presidencial que fue un compromiso de campaña que todavía esperamos, que se declare por ley que la función de los gobiernos regionales es la prevención del delito de manera de tener respaldo legal para muchas cosas que hacemos de facto. Permitirnos representar a las víctimas y también tener planes especiales para ellas, porque están bastante abandonadas. Estamos invirtiendo todo en la región en términos de incendios forestales, de apoyo a Senapred y a Conaf y, sin embargo, no tenemos la facultad de liderar la gestión de emergencia.
El Presidente hizo una autocrítica de cuando fue diputado por su rol en materia de seguridad, ¿quién más debería hacerla?
Todos tenemos que hacer una autocrítica, porque esto no es solamente de un gobierno, esta crisis de seguridad se fue gestando hace rato. No hubo sentido de urgencia, tampoco lo hubo en el gobierno anterior y probablemente tampoco en Bachelet, del cual también fui parte. Durante mucho tiempo creímos que teníamos todo para enfrentar un nuevo fenómeno delictual y no nos dimos de cuenta que ya estaba instalado (…) Más que sólo la autocrítica del Presidente creo que tenemos que hacer una autocrítica en general de que no hemos logrado construir un acuerdo político transversal que trascienda gobiernos.
Fuente: La Terdera
