El máximo tribunal rechazó la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper presentada por 10 diputados —desde el PC hasta una ind-PPD— que cuestionaron, entre otras, sus actuaciones respecto de la diputada Karol Cariola (PC). La resolución respaldó la permanencia de un fiscal incómodo para el oficialismo.
Por qué importa. La decisión de la Corte Suprema de rechazar unánimemente la solicitud de remoción del Fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper implicó un respaldo a la permanencia de un personaje incómodo para el oficialismo, el que —si bien ha perdido el poder que ostentaba hace unos meses—, sigue estando a cargo de dos causas sensibles para La Moneda.
La primera es la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja, que derivó en la remoción de la senadora socialista Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional y en la renuncia de la ministra de Defensa Maya Fernández.
La segunda es el caso Chinamart, sobre el presunto tráfico de influencias de la diputada comunista Karol Cariola en favor de un empresario chino Bo Yang, conocido en Chile como Emilio Yang.
En la primera está imputada la exsenadora e hija del exmandatario muerto en 1973 en La Moneda. En la segunda está en esta calidad la parlamentaria comunista que integró el movimiento estudiantil que pavimentó la carrera política del hoy Presidente Gabriel Boric.
La fiscalía no ha formalizado cargos contra ninguna, pero esta resolución despeja el camino para que Cooper pueda avanzar en ambas indagaciones.
La unanimidad de la resolución también implicó un golpe para los diputados que respaldaron el requerimiento, presentado en marzo.
Estos fueron Carmen Hertz, Lorena Pizarro y Luis Cuello del PC; Javiera Morales, Gael Yeomans y Roberto Celedón del FA; Juan Santana y Jaime Naranjo del PS; Ana María Gazmuri de AH y Marta González (Ind-PPD).
Los parlamentarios recurrieron al máximo tribunal pese al unánime rechazo que habían tenido previamente las solicitudes para remover a los fiscales regionales Xavier Armendáriz, en 2024; Marcela Cartagena en 2023 y Emiliano Arias en 2020.
Qué dijo la vocera de la Suprema. “El tribunal pleno, por unanimidad de sus integrantes, ha estimado desestimar la solicitud que ha sido planteada por diputados de la República”, dijo este lunes la vocera María Soledad Melo. “Existen algunas prevenciones que se estamparán” en la resolución.
La decisión se adoptó tras una audiencia en que la abogada Karinna Fernández acusó a Cooper de “negligencia” y de comportarse como “litigante” por la supuesta filtración de antecedentes de carpetas de investigación y el allanamiento del 3 de marzo a la casa de la entonces presidenta de la Cámara, horas después de que fuera madre.
Su defensor Matías Inzunza planteó que las filtraciones ocurrieron sólo después de que la fiscalía compartiera copia de la carpeta de investigación a las partes, a lo que está obligada por ley. Respecto del reclamo por el allanamiento recordó que la defensa penal de Cariola presentó un incidente de nulidad pero que se desistió de éste durante la audiencia.Los agitados meses de Cooper. Si bien la decisión de la Suprema evitó la remoción de Cooper, éste viene de ser sacado por el fiscal nacional Ángel Valencia del caso ProCultura, la principal arista del Caso Convenios.
Esa decisión se tomó en mayo, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las escuchas telefónicas a la siquiatra Josefina Huneeus, ex señora del fundador de ProCultura Alberto Larraín, que incluyeron un diálogo con el Presidente Gabriel Boric.
Esa resolución, que comparó la interceptación de la policía con las actuaciones de agentes en dictadura, fue ratificada, en fallo dividido, por la Corte Suprema.
Su salida del caso derivó en el nombramiento del Fiscal Regional de Antofagasta Juan Castro a cargo de esa indagación y en el retraso de sus avances, ya que se esperaba que en mayo o junio ocurrieran las primeras formalizaciones de cargos en el caso.
En mayo de este año, Cooper también cerró la investigación por la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, entonces encabezada por la alcaldesa Irací Hassler (PC).
FUENTE: T13
