Rechazo transversal causó en la oposición la remoción de Patricio Cooper del caso ProCultura. “Pésima señal”, “afecta la autonomía del Ministerio Público” y “cede a las presiones de la extrema izquierda”, fueron algunas de las reacciones. Incluso, se solicitó el “reintegro inmediato” de la Fiscalía de Coquimbo a la causa.
Fue la Fiscalía Nacional la que dio a conocer la información en las últimas horas y comunicó que las diligencias fueron reasignadas a la Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por Juan Castro Bekios.
Previo a esta decisión, la Corte de Apelaciones de Antofagasta había acogido el recurso de amparo presentado por los abogados representantes de la psiquiatra Josefina Huneeus Lagos -exesposa de Alberto Larraín-, contra resoluciones que autorizaron medidas intrusivas por parte del fiscal Cooper. En concreto, el tribunal de alzada declaró “ilegales” las intervenciones al celular de la profesional, ordenando la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a ellas.
Así, esta jornada, la bancada de diputados de la UDI solicitó el “reintegro inmediato de la causa ProCultura a la Fiscalía Regional de Coquimbo“.
“Si bien respetamos plenamente la autonomía e independencia del Ministerio Público, no compartimos -en lo absoluto- la decisión adoptada por el fiscal nacional, Sr. Ángel Valencia, como aparente consecuencia de la reciente resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, cuya sentencia no se encuentra firme y aún restan recursos por ejecutarse“, dice en un comienzo el comunicado.
Agrega que “la Fiscalía Regional de Coquimbo, en conjunto con la Policía de Investigación (PDI), venía desarrollando diligencias relevantes en dicha causa, con avances sustantivos que daban cuenta de una investigación seria y profesional, pero sobre todo comprometida con el total esclarecimiento de los hechos, independiente de las personas y/o autoridades que se encuentran involucradas. Una situación puntual no debería desacreditar la labor sostenida y rigurosa que se ha llevado hasta ahora, ni mucho menos derivar en este tipo de decisiones“.
En atención a lo anterior, continúa, “solicitamos al fiscal nacional reconsiderar de manera inmediata esta decisión, reasignando la causa al fiscal Cooper con el fin de resguardar el interés público y la confianza ciudadana, más aún dada la gravedad de los delitos que se investigan”.
El jefe de bancada de la UDI, diputado Henry Leal, detalló por su parte que la determinación de la Fiscalía “afecta la autonomía del Ministerio Público”. También indicó que “parece que el Frente Amplio consiguió su objetivo, que no se le siguiera investigando” y “esto, obviamente, implica que ningún fiscal va a querer investigar a fondo este caso, porque va a estar la legítima duda que tu jefe te saca del caso. Esto no corresponde”.
“El Frente Amplio está de fiesta porque logró su objetivo. Nos parece que aquí se le está poniendo una lápida al caso ProCultura. Esto va a terminar, seguramente, con algún formalizado como Larraín y una o dos cabezas, y el resto se va a sepultar. Estamos, la verdad, muy preocupados por esta decisión. Nos parece que fue una decisión precipitada, exagerada y que afectó la independencia de un fiscal que estaba llevando la investigación durante mucho tiempo, con sigilo, y que hoy día se ve cuestionado”, complementó.
La congresista Marlene Pérez, subjefa de bancada UDI, señaló por su parte que sacar al fiscal Cooper de la investigación “es una mala señal para la democracia y va a aumentar la desconfianza”, pues “cubrirá con un manto de oscuridad la corrupción que afecta al partido político del Presidente de la República”.
“El ‘caiga quien caiga’ del Presidente Boric será mirado por la sociedad como ‘caiga quien caiga, salvo si son mis amigos’. Ese es el daño que esta decisión del fiscal Valencia provocará a nuestro sistema democrático”, enfatizó.
Desde Renovación Nacional, la subjefa de bancada Carla Morales, expresó que es “fuera de toda lógica la decisión que tomó el fiscal Valencia”. Añadió que “es una pésima señal a la transparencia para el país cuando se investigan a determinados políticos, en este caso de izquierda. Acá claramente ganó el gallito ciertos políticos del Frente Amplio que presionaron de una forma grotesca a todo el mundo, y claramente el Presidente Boric también debe dar explicaciones, porque se habla de financiamiento irregular en su campaña“.
La diputada Camila Flores (RN) también consideró “una señal sumamente negativa que hayan removido a un fiscal que se estaba atreviendo a levantar todo el ruido que sea necesario, con tal de que los eventuales culpables de delitos paguen por esta situación”.
“Me parece que la Fiscalía da una señal equivocada al ceder a las presiones de la extrema izquierda de nuestro país que no quiere que esto se investigue y que, finalmente, pase como en otras situaciones donde estos escándalos quedan en nada. Yo esperaría que el fiscal nacional reconsidere esta situación, aun cuando lo veo improbable”, advirtió.
Desde la misma tienda, el parlamentario Andrés Longton (RN) expresó que si bien es una facultad del Fiscal Nacional, “es absolutamente desproporcionado remover al fiscal Cooper validando de que presionar a la Fiscalía por parte de quienes detentan el poder y están siendo investigados es legítimo cuando esta atenta contra las bases del Estado de Derecho, la separación de los poderes del Estado y la autonomía del Ministerio Público. Es un grave antecedente que termina por socavar una investigación en que estaban siendo investigados y habían antecedentes que se alojaban en el corazón de La Moneda“.
Más tarde, se informó que diputados RN recurrirán a la Contraloría y al SII solicitando una investigación por el eventual uso ilegal de recursos públicos y elusión tributaria en Fundación ProCultura.
El jefe de bancada del PSC, Roberto Arroyo, también entregó su parecer en este caso: “Sin lugar a dudas es una pésima señal para la transparencia e independencia con la que debe actuar el Ministerio Público, y al ceder el Fiscal Nacional a estas presiones, puede inhibir el actuar de otros fiscales, ya que sentirán que no pueden actuar con la independencia que requieren. Creo muy importante respetar la separación de poderes y dejar que las instituciones funcionen sin presiones indebidas”.
El jefe de bancada del Partido Republicano, Cristián Araya, se sumó y dijo que “es una decisión lamentable que no compartimos, pero que acatamos, pero que pone en evidencia que el Frente Amplio y en especial el círculo en torno a ProCultura, están más preocupados de obstaculizar el avance de la investigación que de lograr la verdad en este caso corrupción”.
Finalmente la diputada Sofía Cid (P. Republicano), aseveró que la remoción de Cooper “no puede verse solo como un tema técnico. Desde el inicio hubo presión política, especialmente desde parlamentarios de la izquierda que salieron públicamente a pedir su salida”.
“¿Qué imagen le dan a la gente común con eso? A cualquier ciudadano que recibe una multa o enfrenta un proceso judicial, se le exige seguir los canales formales, cumplir la ley y respetar las instituciones. Pero cuando se trata del entorno del Gobierno, algunos se sienten con el derecho de saltarse la fila, de meter presión y de hacer que las reglas cambien según su conveniencia. Eso es inaceptable. La justicia debe ser igual para todos, no un traje a la medida de quienes están cerca del poder“, concluyó.
Fuente: Emol.com
