Héctor Barros afirmó que hoy solo investigan un presunto fraude en el rendimiento de gastos de la campaña a la gobernación, y que para indagar infracciones a los artículos 30 y 31 de la ley electoral se requiere una acción del Servicio Electoral.
Luego de que ayer fuera designado a cargo del caso de Karina Oliva, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, dijo que el delito que están investigando es el presunto fraude de subvenciones en el marco de la rendición de gastos de su campaña a la gobernación de la RM y que la indagatoria de otros delitos dependerá de si el Servicio Electoral (Servel) ejercerá alguna acción judicial.
El Ministerio Público informó ayer que iniciaba una investigación de oficio, tras el análisis de los antecedentes expuestos por Ciper Chile en una investigación periodística y la denuncia de parlamentarios de Chile Vamos.
“Lo que estamos investigando actualmente es un fraude a las subvenciones (…) no tenemos facultades para meternos en la ley electoral, el artículo 30 y 31, donde la denuncia es competencia exclusiva del Servel. Por lo tanto, mientras no haya una denuncia del Servel solo podemos estar investigando estas figuras ordinarias del Código Penal“, explicó el persecutor en una actividad oficial.
Asimismo, le persecutor manifestó que ya se ordenaron una serie de diligencias a Carabineros, las que estarán a cargo de la unidad de lavado de activos, y que “hemos requerido el Servicio Electoral la remisión de los antecedentes que constan también en su poder para efector de delinear la rendición”.
“(Se investigará) la figura penal que yo acabo de mencionar mas no por las otras dos figuras que son resorte del Servel denunciar. Por lo tanto, vamos a estar a la espera de lo que haga el Servel y le hemos mandado ya un oficio para ver si denuncia o se querella o en su defecto se mantiene inactivo”, afirmó.
Respecto del eventual futuro de la actual candidatura de Oliva (Comunes) al Senado por la Región Metropolitana en caso de avanzar la indagatoria, Barros indicó: “Lo que hemos buscado siempre es investigar con objetividad sobre la base de lo que tenemos y nos vaya saliendo en el camino, y las futuras acciones o vaivanes que vengan habrá que enfrentarlo cuando aparezcan”.
La investigación de Ciper reveló que siete asesores de la campaña de Karina Oliva a gobernadora presentaron rendiciones de gastos electorales por $137 millones, lo que la actual carta al Senado en el pacto frenteamplista, a quien el abanderado del bloque, Gabriel Boric, le quitó el respaldo, atribuyó a un extenso tiempo de campaña, los que superan lo que establece la ley.
Fuente: Emol.com
