Entre los antecedentes expuestos se mencionan rendiciones infladas por trabajos inexistentes, informes plagiados y facturas ideológicamente falsas.
La Fiscalía Metropolitana Sur presentó una acusación formal contra Karina Oliva, exmilitante del Partido Comunes y una de las figuras más visibles del Frente Amplio en sus primeros años, por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña a gobernadora de la Región Metropolitana en 2021. El Ministerio Público solicita una pena de 7 años de presidio por el delito de fraude de subvenciones en carácter reiterado.
Entre los antecedentes expuestos se mencionan rendiciones infladas por trabajos inexistentes, informes plagiados y facturas ideológicamente falsas, hechos que estarían vinculados a la rendición de gastos electorales tras el proceso en el que Oliva logró pasar a segunda vuelta, siendo finalmente derrotada por Claudio Orrego.
De acuerdo con el libelo acusatorio, al que tuvo acceso T13, durante la declaración de gastos electorales “se realizaron distintas maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al SERVEL devoluciones improcedentes, para así perjudicar al fisco”.
El documento también detalla que “lo anterior, era posible hacerlo, pues al momento de realizar las declaraciones de las campañas electorales, los imputados tenían 30 días hábiles, después de saber el resultado de las elecciones, para solicitar las devoluciones correspondientes y, por tanto, sabían de antemano qué montos de dinero podían solicitar, en virtud de la cantidad de votos obtenidos”.
Según la Fiscalía, Oliva habría actuado de manera coordinada junto a otros diez imputados, quienes emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados o con montos artificialmente elevados. Parte de estos documentos estaría asociada a informes plagiados elaborados por la Fundación Chile Movilizado, entidad vinculada a militantes del extinto partido Comunes.
Respecto de la primera vuelta electoral, se acusa que el entonces administrador electoral, Martín Miranda Sepúlveda, infringió la Ley Electoral al presentar una solicitud de reembolso con documentación falsa, generando un perjuicio fiscal de $103.863.367, monto que fue autorizado y depositado en la cuenta de Oliva. A ello se suman facturas falsas por informes atribuidos a la empresa Criteria Research, lo que permitió obtener una devolución adicional de $60 millones.
Casi Karina Oliva: Segunda vuelta y gastos objetados por el Servel
La acusación también aborda las rendiciones correspondientes a la segunda vuelta para el Gobierno Regional Metropolitano. En ese contexto, se incluyó un gasto denominado “Evento y cierre de campaña y Desayuno Feminista”, por un monto de $50 millones, respaldado con una factura que, según el Servicio de Impuestos Internos, nunca fue emitida.
Asimismo, durante ese proceso la campaña presentó boletas por $54 millones, las cuales fueron objetadas y finalmente rechazadas por el Servicio Electoral (Servel).
En la acusación, firmada por el fiscal regional subrogante Alex Cortés, se consigna una extensa nómina de testigos que podrían declarar en el juicio oral. Entre ellos figura la exalcaldesa de Santiago y diputada electa del Partido Comunista, Irací Hassler, debido a su participación en el desayuno feminista de la segunda vuelta.
También fueron mencionadas las diputadas del Frente Amplio Claudia Mix y Camila Rojas, quienes podrían entregar antecedentes sobre su militancia en Comunes, la candidatura de Karina Oliva y la estructura directiva del partido.
La audiencia de preparación del juicio oral quedó programada para el 27 de enero, a las 9:00 horas, y se realizará de manera presencial.
Fuente: T13
