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Canciller Allamand: “El desafío de Chile es encauzar su proceso político en un ambiente de normalidad y paz social”

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, envió la tarde de este viernes a los embajadores chilenos en el extranjero un documento titulado “A un año del 18-O: El camino democrático e institucional de Chile”, el cual busca establecer un discurso común respecto a la actual situación del país tras el estallido social de hace un año atrás.

El documento, que consta de 10 páginas, señala que “hace un año, en octubre de 2019, Chile vivió un estallido social. Tal estallido mezcló dos elementos: Inusitada y desconocida violencia, cuya más clara expresión fue la destrucción de varias estaciones y carros del Metro en Santiago y manifestaciones de protesta pacíficas, que en algunos casos fueron multitudinarias”.

Sobre esta idea, luego añade que “el estallido evolucionó hacia una crisis política, que se encauzó a través de un acuerdo, a requerimiento del Presidente de la República, Sebastián Piñera, alcanzado por todas las fuerzas políticas -con la sola excepción del Partido Comunista- para convocar a un plebiscito y redactar una nueva Constitución”.

“A UN AÑO DEL ESTALLIDO, CHILE HA RECUPERADO SU NORMALIDAD”

Pese al nivel de violencia que aún persiste en el país, el canciller Allamand asegura que “a un año del estallido, Chile ha recuperado su normalidad -aunque deberá seguir trabajando para controlar, con estricto apego a la ley, a grupos violentistas- y se apresta a enfrentar sus próximos desafíos”. Dentro de esos, menciona que se debe “avanzar hacia una democracia más fuerte, caracterizada por una alta participación ciudadana y el respeto a sus instituciones. Promover una sociedad más integrada, con plena incorporación de sus sectores más vulnerables y pueblos originarios. Impulsar una economía más inclusiva, con menores desigualdades y mayor equidad en las oportunidades”.

El secretario de Estado además destaca que “durante los últimos 30 años Chile ha logrado una bien ganada reputación en el mundo por su trayectoria de progreso basada en la energía de su democracia, la resiliencia de su gente, el cumplimiento de sus compromisos, la seriedad de sus políticas públicas, la solidez de sus instituciones y el respeto al estado de derecho. Todos esos factores están presentes en el Chile de hoy y son la base de su proyección al futuro”.

FACTORES DEL ESTALLIDO: “MALA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, LAS BAJAS PENSIONES Y LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO”

En materia económica y social, el ministro resalta que desde que el país recuperó la democracia en 1990, “una gran transformación tuvo lugar en el país. La más importante de todas fue la reducción de la pobreza. A su vez, los indicadores de desarrollo humano aumentaron significativamente. Incluso, la desigualdad -uno de los rasgos más persistentes de los países de América Latina- disminuyó ostensiblemente”.

En cuanto a los caminos que habrían conducido al estallido, Allamand menciona que “no hay duda que en ese fenómeno influyeron factores tales como la mala distribución del ingreso, las bajas pensiones y las deficiencias del sistema de salud público. Sin embargo, no se ha reparado que incluso los países de trayectoria exitosa no son inmunes a la protesta social”.

En ese marco, el canciller hace mención a que “de hecho, The Economist que definió al 2019 como el año de ´retroceso democrático y protesta popular´, elevó la clasificación de Chile en su Índice Democrático al nivel de ´democracia plena´, ubicando al país en el lugar 21 del mundo, inmediatamente por debajo de Francia y arriba de Portugal”.

SI GANA EL “APRUEBO”: “LA CONVENCIÓN NO PODRÁ INVADIR (…) LAS COMPETENCIAS DE OTROS PODERES DEL ESTADO”

Por lo anterior, Allamand menciona la posibilidad de que el resultado del Plebiscito del 25 de octubre otorgue la posibilidad de “redactar una nueva Constitución”. De lo contrario, el canciller enfatiza que “el cambio constitucional deberá tener lugar en el Congreso Nacional. En todo caso: La Convención no podrá invadir, como ha ocurrido en otros países de la región, las competencias de otros poderes del Estado. La Convención deberá adoptar sus acuerdos por 2/3 de sus miembros lo que obliga a alcanzar entendimientos de amplia mayoría. La Convención deberá respetar los tratados internacionales adoptados por Chile, incluyendo derechos humanos y aspectos económicos, tales como el resguardo a las inversiones extranjeras. Al mismo tiempo, durante el 2021 se elegirán autoridades en todos los niveles: gobiernos locales, regionales y nacionales. La elección presidencial está prevista para noviembre y el eventual ballotage para diciembre. El desafío de Chile es encauzar su proceso político en un ambiente de normalidad y paz social”.

Ante ello, advierte que “el factor de mayor complejidad en el actual escenario es el resurgimiento de la violencia a partir de grupos organizados que perpetran acciones terroristas -como ocurre en el sur del país- y de la acción de grupos cuyo propósito es afectar el normal funcionamiento de actividades nacionales. El propósito aparente de tales grupos es intentar alterar el itinerario democrático que el país se ha fijado y su control es hoy un factor clave para la normalidad del mismo”.

Fuente: 24horas.cl

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