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Auditores de Atacama denuncian acoso telefónico desde números con prefijo 600

Una creciente molestia han manifestado auditores de distintos puntos de Atacama, ante el constante recibo de llamadas desde números con prefijo 600, situación que, según denuncian, se ha intensificado durante las últimas semanas, con algunos reportando decenas de llamados diarios, incluso consecutivos.

La medida, implementada en agosto de 2025 por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), buscaba ordenar y transparentar las comunicaciones comerciales, estableciendo los prefijos 600 y 809 para identificar el tipo de llamada.

De acuerdo con la normativa, el prefijo 600 corresponde a llamadas solicitadas o esperadas, como contactos de empresas con las que el usuario mantiene vínculo, mientras que el 809 está reservado para llamadas comerciales no deseadas.

Pese a esta regulación, múltiples usuarios han señalado que reciben llamados con prefijo 600 de empresas o servicios que no han autorizado, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso real de esta numeración y su fiscalización.

Desde Subtel, se ha recordado que las empresas deben cumplir con esta identificación, y que aquellas que infrinjan la normativa pueden ser sancionadas con multas que van desde 5 a 5.000 UTM, según lo establece la Ley General de Telecomunicaciones.

Sin embargo, en la práctica, los reclamos ciudadanos apuntan a que el uso masivo del prefijo 600 ha terminado generando confusión, pues muchas de estas llamadas no han sido solicitadas ni autorizadas por los usuarios.

Actualmente, los usuarios pueden denunciar estos llamados ante Subtel o registrarse en la plataforma “No Molestar” del Sernac, que permite bloquear parcialmente números asociados a campañas comerciales.

Pese a ello, algunos usuarios aseguran que el proceso resulta engorroso o poco accesible para personas poco acostumbradas a realizar trámites de manera online. La situación ha reabierto el debate sobre la efectividad de las medidas de control y la necesidad de mayor fiscalización hacia las empresas que incumplan la normativa, además de educar a la población sobre cómo identificar y reportar llamadas fraudulentas o no deseadas.

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