Materias como ciberacoso, autismo e identidad de género han tenido mayor presencia en las denuncias de los últimos años, lo que obliga a pensar en respuestas más especializadas.
Un aumento creciente del volumen de denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación, específicamente en la educación escolar y parvularia, se ha registrado en la última década (2014-2024), y las proyecciones apuntan a que esta tendencia continuará.
Entre 2014 y 2024, la Superintendencia recibió 133.357 denuncias, mientras que sólo el año pasado éstas llegaron a la cifra más alta de la serie: 19.109, de las cuales 13.962 fueron por convivencia escolar.
Del total de denuncias que ha recibido la Superintendencia -en su rol de fiscalización y resguardo de derechos en el sistema escolar-, en torno al 70% corresponden a convivencia escolar.
Asimismo, se evidencia un alza en denuncias que abordan temáticas más recientes instaladas en la sociedad, como la discriminación, ley de género y autismo. Materias que hace una década no eran visibilizadas, y que hoy alcanzan números importantes. Por ejemplo, denuncias relativas a casos que involucran autismo han crecido un 149%, pasando de 723 casos en 2022 a 1.799 casos en 2024.
Aun cuando las denuncias van en aumento y a primera vista esto hablaría de un indicador indirecto de tensiones y demandas en las comunidades educativas, esto se debe a múltiples factores.
Por un lado, este aumento creciente da cuenta de una ciudadanía más exigente, informada de sus derechos y de los canales institucionales para realizar dichas denuncias; asimismo, da cuenta de una cobertura normativa más amplia, basada en legislaciones vigentes y actualizadas y/o aterrizadas a través de circulares.
En los últimos años, la Superintendencia ha apuntado a fortalecer el marco normativo en todo el sistema, incluyendo los colegios particulares pagados. De esta manera, las leyes y circulares que hoy existen permiten a más familias ejercer sus derechos con mayor claridad y respaldo, como por ejemplo, frente a la Ley de Autismo o la aplicación concreta de la prohibición de discriminación.
Esto, por consecuencia, ha traído una mayor carga operativa para la Superintendencia de Educación, lo que ha llevado al desafío de repensar las fórmulas para agilizar el proceso de toma y resolución de denuncias. Un plan piloto en esta línea ya se aplicó -entre enero y abril de este año-, en tres regiones del país, y ha permitido reducir en un 13% los tiempos de respuesta.
Esto es parte de lo que recogeel informe “Denuncias en la educación escolar y parvularia (2014-2024): evolución y nuevo enfoque de gestión”, del área de Estadísticas y Estudios de dicha entidad, y al que tuvo acceso Emol.
Sobre esto, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, comenta que se trata de un documento inédito, puesto que es primera vez que el organismo realiza “un análisis panorámico y detallado sobre las denuncias que recibimos por parte de las comunidades educativas“.
“También es primera vez que como Superintendencia explicamos detalladamente la forma en que se tramitan las denuncias ciudadanas, porque es un ejercicio de transparencia, pero también porque estamos implementando nuevos enfoques que priorizan la prevención y la gestión colaborativa de conflictos. Estamos seguras y seguros de que esto tendrá impactos muy positivos para las comunidades educativas, los que podremos evaluar en próximos informes, ya que esperamos que este sea el primero de muchos”.
Denuncias al alza
Entre 2014 y 2024, la Superintendencia de Educación recibió 133.357 denuncias, con una tendencia general al alza. El primer peak se registra en 2018, con 15.017 denuncias, marcando un incremento del 18,5% respecto al año anterior (ver gráfico).
En tanto, durante la pandemia (2020), y a raíz de las restricciones sanitarias y escasa o nula presencia de los alumnos en las aulas, se registró un histórico descenso del 71,9% en los casos ingresados, en comparación con 2019.
Sin embargo, a partir de 2022, con el retorno a la presencialidad, se registró un repunte sin precedentes. Si en 2021 las denuncias fueron 3.961, en 2022 llegaron a 16.161.
En 2024, en tanto, se alcanzó la cifra más alta de la serie: hubo 19.109 denuncias (de las cuales 13.962 fueron por convivencia escolar), lo que equivale a un alza del 67,2% más que una década atrás.
Nuevas temáticas
La convivencia escolar no se entiende hoy de la misma forma en que se hacía hace una o dos décadas atrás. El concepto inicialmente era más acotado y definía el “maltrato escolar”, sin embargo, hoy incorpora otras problemáticas. Esto, como reflejo de una sociedad en constante cambio, evolución, y formas de relacionarse.
Así, la convivencia escolar hoy considera elementos como ciberacoso o discriminación, áreas que se hacen más presentes en las denuncias recibidas por la Superintendencia.
Por ejemplo, la discriminación muestra el cambio más marcado: en solo dos años aumentó un 67%, pasando de 1.220 casos en 2022 (7,5% de las denuncias) a 2.039 en 2024 (10,7% de los casos).
En tanto, el ciberacoso, aunque con volúmenes menores, también presenta incrementos sostenidos, con alzas interanuales de 11% en 2023 y 7% en 2024.
Otro ejemplo de la diversificación de los fenómenos relativos a la convivencia escolar es el maltrato hacia adultos en la comunidad educativa. Este alcanzó un 3,8% de las denuncias específicamente relativas a convivencia escolar en 2024, y ha duplicado su volumen desde 2022.
También han surgido temáticas como aquellas relacionadas con el autismo. De hecho, denuncias relativas a este tema han crecido un 149%, pasando de 723 casos en 2022 a 1.799 casos en 2024. Otras materias, como identidad de género, también han ido mostrando mayor presencia.
Denuncias según tipo de establecimiento y nivel educativo
Las denuncias también muestran diferencias respecto al tipo de establecimiento educativo, cuyas causas son múltiples.
Por ejemplo, en el sector particular subvencionado, el volumen de denuncias ha sido sistemáticamente el más alto del sistema: 6.842 casos en 2022, 6.898 en 2023 y 7.635 en 2024, con un aumento del 11,6% en el trienio y una participación de 55% del total en el último año.
Por su parte, en la educación pública las denuncias se han mantenido relativamente estables, aunque siguiendo la tendencia global, también hay alzas: en 2022 hubo 3.289 denuncias, mientras que en 2024 hubo 3.357 (+2,1%).
En los Servicios Locales de Educación (SLEP), en tanto, hay un incremento más marcado. Si en 2022 hubo 591 casos de denuncias, en 2024 se registraron 1.005, es decir, el alza llega al 70%. El año pasado, los SLEP concentaron el 7% del total anual de las denuncias recibidas por la Superintendencia.
En el caso de los colegios particulares pagados, también se evidencian alzas importantes: pasaron de 975 casos en 2022 a 1.483 en 2024. Es decir, un incremento del 52% que los lleva a concentrar el 11% del total de denuncias recibidas en 2024.
Al observar las denuncias según los distintos niveles educativos, la educación básica es la que presenta mayor carga, con 7.199 casos en 2024, lo que equivale al 51,6% del total; en tanto, en 2023, hubo 6.637 casos. En la educación media, los casos pasaron de 3.022 en 2022 a 3.587 en 2024, un alza del 18,7%.
En tanto, en la educación parvularia el crecimiento fue aún mayor: de 833 denuncias en 2022 a 1.074 en 2024 (+28,9%), alcanzando un 7,7% del total.
Por su parte, en la educación especial, aunque con un volumen significativamente menor, más que triplicó sus casos en el trienio (2022-2023-2024), de 65 a 222, para llegar al 1,6% del total.
¿A qué se debe que exista un mayor número de denuncias en el sector particular subvencionado? Orellana explica que está directamente relacionado con su tamaño: “estos colegios atienden al 54% de la matrícula nacional, es decir, a cerca de 2 millones de estudiantes. Por lo tanto, es esperable que concentren también una proporción equivalente de denuncias, que hoy alcanza el 55% del total“.
En esa línea, subraya que “no estamos frente a un problema de convivencia, sino ante un efecto de escala. Lo importante aquí es que las familias están activas, informadas y utilizan los canales institucionales para expresar sus inquietudes”.
Esto, además, es una tendencia reciente, que comenzó a notarse desde 2022, y que se explica por un aumento general en el volumen de denuncias, especialmente en temas sensibles como maltrato, discriminación, medidas disciplinarias y situaciones de connotación sexual. “Lo que vemos es que las familias están más conscientes de sus derechos, más exigentes en sus expectativas y tienen mayor acceso a medios tecnológicos, lo que les permite usar los mecanismos disponibles en el sistema para proteger a sus hijas e hijos”, subraya la autoridad de Educación.
Asimismo, enfatiza en que “una denuncia no significa necesariamente que haya más violencia en un colegio. Es, sobre todo, un reflejo de cómo las comunidades perciben y canalizan sus conflictos. Muchas veces, lo que hay detrás es una mayor consciencia de los derechos, una expectativa legítima de respuesta y un uso activo de los mecanismos que ofrece la Superintendencia”.
Denuncias en colegios “reincidentes” y “primerizos”
En 2024, se registraron denuncias en 6.015 establecimientos, la cifra más alta de la década analizada. De ellos, solo 616 fueron denunciados por primera vez, lo que significa que 9 de cada 10 establecimientos denunciados son reincidentes.
El promedio de denuncias por establecimiento alcanzó 3,2 en 2024.
En tanto, en el periodo de pandemia (2020) la baja se hace evidente: de 1901 establecimientos denunciados, 1.075 eran reincidentes y 196 fueron “primerizos”. Ese año, el promedio de denuncias por establecimiento fue de 1,7.
El desafío ante las denuncias
El alza en el volumen de las denuncias que la Superintendencia ha recibido en la última década ha obligado a repensar las formas en que estas se gestionan y resuelven.
El foco se ha centrado especialmente en las primeras etapas de la tramitación del conflicto, proceso que está a cargo de la División de Protección de Derechos Educacionales (PDE), y que utiliza el mecanismo de Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC), que cuenta con un programa piloto que se aplicó entre enero y abril de 2025 en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso y Metropolitana.
De esta manera, al recibir la denuncia, se concentran los esfuerzos en poder resolverlo tempranamente. Dado que toda denuncia ingresa por esta vía antes de una eventual derivación a Fiscalización o a la División Jurídica, optimizar esta fase inicial es clave. Esto permite que etapas posteriores, relativas a la investigación y sanción, se puedan concentrar de mejor forma en hechos de mayor gravedad o complejidad.
En 2022, por ejemplo, esta fórmula de trabajo permitió el 2,3% del cierre de casos, de un total de 243. Para 2024, esta modalidad experimentó un crecimiento sustancial, llegando a explicar el 27,3% de los cierres, con un total de 3.203 casos resueltos por esta vía.
Orellana subraya que la Gestión Colaborativa de Conflictos (GCC) “consistió en aplicar mecanismos como la conciliación, mediación y el contacto directo entre los miembros de las comunidades educativas, fortaleciendo las capacidades de diálogo y entendimiento entre las personas y ofreciéndoles una solución efectiva, consensuada y participativa”.
La estrategia, subraya, ha permitido “reducir los tiempos de respuesta a las personas al menos en un 13% hasta el momento, por lo que esperamos que al extender esto a todo el territorio, el impacto será aún mayor. Además, estamos evitando que los conflictos escalen y se transformen en situaciones de violencia o vulneraciones de derechos y ahorrando la carga administrativa para el Estado y para los establecimientos que significa un proceso sancionatorio”.
“La Gestión Colaborativa de Conflictos es una estrategia preventiva, que pone en el centro de la convivencia nuestras capacidades humanas de dialogar y confiar en el otro u otra para llegar a acuerdos. Esto es un aprendizaje importante para nosotros y para las comunidades educativas, pero estoy segura de que lo será aún más para la vida en sociedad, que es aquello para lo que nos forma la vida escolar”, zanjó la autoridad.
Fuente: Emol
