Este jueves, Nostálgica publicó los detalles de la información que indicaba que la Corporación para la Competitividad e Innovación para la Región de Atacama (CCIRA) enfrenta una millonaria demanda y Gobierno Regional no podrá asumir la deuda, según la Contraloría. (VER NOTA)
Posteriormente, y ante los requerimiento de nuestro Departamento de Prensa, desde la Corporación entregó su versión de los hechos, señalando lo siguiente:
“En el año 2018, y a propósito de la renovación del directorio y de la gerencia general de la Corporación, se decide realizar una revisión de la situación financiera y judicial de la Corporación. Es en estas circunstancias es que se detecta un proceso judicial pendiente con un embargo por $250.000.000, (casi la totalidad de los recursos que CCIRA tenía en su cuenta corriente provenientes de convenios FNDR). Este proceso se había originado en el año 2016 (por hechos ocurridos post aluvión) a raíz de la emisión de 3 facturas de la consultora Vial Consultores y Asociados Limitada, las cuales no obedecían a ningún contrato previamente acordado con la Corporación, Desafortunadamente, y por una decisión difícil de entender, la gerencia de la época no rechazó dichas facturas, lo que habría evitado todos los hechos desafortunados que se generaron con posterioridad.
A finales del año 2018 y sin poder realizar trabajos con anterioridad a esa fecha, pues no se contaban con recursos disponibles, a raíz de la aprobación por parte del CORE de un nuevo presupuesto a finales del 2018, se logró trabajar en la nueva cartera de trabajos destinada a apoyar al Gobierno Regional. Así se desarrollaron estudios tales como; la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo, Estudios Complementarios para la Macrozonificación del Borde Costero, Estudios destinados a apoyar el sector turístico y la realización del evento del Eclipse; todas actividades de alto impacto regional y positivamente evaluados por todas las contrapartes y la sociedad atacameña.
Volviendo a los orígenes de la demanda judicial que aqueja actualmente a la CCIRA, esta comienza con la elaboración de un estudio denominado Plan Maestro Chañaral, que apuntaba a la evaluación y estrategia de reconstrucción de una de las provincias mas afectadas por los aluviones sufridos en la región el año 2015. El estudio fue solicitado por el entonces Alcalde de Chañaral, don Héctor Volta (Q.E.P.D) y contó con el apoyo de varias autoridades, entre ellas el Intendente de la época, don Miguel Vargas Correa.
Los antecedentes dan cuenta que el ex intendente Vargas Correa, solicitó el apoyo de financiamiento del referido estudio, por parte de la Corporación, y que el directorio de la época, autorizó en el mes de enero de 2016, el estudio hasta por $250.000.000, sin perjuicio de que existen antecedentes que la Consultora en cuestión presentó presupuestos más altos tanto al Municipio de Chañaral, como al Gobierno Regional de Atacama, por $450.000.000 y $700.000.000 aproximadamente, sin embargo es importante destacar, que la Corporación únicamente se comprometió a pagar la suma de $250.000.000, quedando así estipulado en el contrato celebrado en septiembre de 2016.
Así las cosas, mientras se realizaban los preparativos para la elaboración de los términos de referencia y comisión técnica, la Corporación recibe en el mes de febrero del año 2016, tres facturas a cobro, sin que mediara contrato entre las partes. Sin embargo, a pesar de no estar autorizadas, estas no fueron rechazadas dentro de plazo, ni tampoco anuladas en el contrato que se celebró en el mes de septiembre de ese año con la consultora, único contrato autorizado por el directorio, destinados a los efectos para los cuales fueron aprobados los recursos, el cual fue pagado conforme a lo pactado en él.
Posteriormente, en el mes de febrero de 2017, y una vez que la consultora Vial Consultores y Asociados Limitada, recibe el pago de lo acordado en virtud del contrato de septiembre de 2016, comienza las gestiones para el cobro judicial de las facturas emitidas en febrero de 2016.
Cabe destacar que a raíz de la defensa que se realiza a partir del año 2018, el cobro judicial de las facturas es rechazado en primera instancia, pero la Corte de Apelaciones de Copiapó, a pesar de lo potente de nuestros argumentos, revoca la sentencia, dando lugar a la demanda ejecutiva con intereses y costas.
Derivado de estos hechos, la referida consultora, no conforme con haber obtenido una sentencia favorable, que ordena el pago de los $250.000.000, por las facturas demandadas a cobro más los intereses y costas, nuevamente arremete en contra de la Corporación, ahora, por los supuestos daños o perjuicios generados con ocasión del retardo en el pago de las facturas y aún más, también demanda su representante legal, doña Claudia Peñailillo, ambas, con cifras estratosféricas y fuera de toda lógica.
Actualmente, a raíz de esta nueva situación judicial, la Corporación se ha visto obligada a asumir su defensa, la cual se ha desempeñado en forma adecuada encontrándose cerrada la etapa de discusión.
La situación descrita, pone a la Corporación en una situación en extremo compleja, dado que, a raíz del pago forzado de la sentencia, al que se vio obligada, el Gobierno Regional toma la decisión de no realizar nuevas transferencias a la Corporación, tornando imposible su continuidad operacional, toda vez que este es un organismo que nace al alero de la Ley 19.175, destinado al desarrollo productivo de la región cuyo financiamiento provienen casi en su totalidad de los fondos FNDR.
Consultada la Contraloría General de la República, considerando su naturaleza jurídica y el origen de su financiamiento, frente a la posibilidad del pago de la sentencia por parte de la Corporación, con un ítem destinado a estos efectos, modificando su presupuesto, este organismo de control se pronunció en forma negativa, sin perjuicio de la posibilidad que le cabe al Gobierno Regional de solicitar reconsideración, cuyos antecedentes se encuentra estudiando”. finaliza el comunicado.
(Imagen referencia – Twitter CCIRA)
