La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del Presidente Donald Trump revocar el estatus de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole.
Cabe precisar que la decisión del máximo tribunal, de mayoría conservadora, es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.
Todo comenzó en octubre de 2022, cuando el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden otorgó un permiso para que un grupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos.
En concreto, debía existir una investigación de sus antecedentes penales, contar un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estar vacunados. En enero de 2023 se amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
Sin embargo, en marzo Trump intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos, pero fue impedido en abril por la jueza de Boston, Indira Talwani. Ante ello, el gobierno solicitó a la Suprema levantar la orden, lo que fue concedido.
Las juezas progresistas de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackon y Sonia Sotomayor, disintieron, advirtiendo las “consecuencias devastadoras” de poner en peligro “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales están pendientes”.
“El tribunal ha fallado hoy claramente en esta evaluación”, escribieron. Los migrantes “se enfrentan ahora a dos opciones insoportables. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos y, de ese modo, enfrentarse a peligros en sus países de origen”, sufrir una “separación familiar” y, posiblemente, perder cualquier posibilidad de recurso, escribieron.
“Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (…) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”, insisten las magistradas.
En su fallo, la jueza de Boston afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
FUENTE MEGANOTICIAS
