En el frontis del Consejo Regional de Atacama se desarrolló una reunión entre el gobernador Miguel Vargas y dirigentes de los taxis colectivos de Copiapó. El encuentro giró en torno al proyecto piloto de regulación y subsidio al transporte público menor, iniciativa que comenzará en 2026 y se extenderá por cuatro años, con una inversión superior a los 14.000 millones de pesos. El objetivo es equiparar las condiciones de competencia frente a los buses eléctricos, que han impactado fuertemente al sector.
El gobernador enfatizó que el programa busca justicia en la competencia, replicando mecanismos de subsidio similares a los que ya existen para el transporte mayor. Sin embargo, la discusión no se limita a los recursos, sino también a la definición de responsabilidades institucionales. Vargas advirtió que aún no existe claridad sobre quién ejecutará el proyecto, lo que podría generar trabas legales si el Gobierno Regional asumiera una función que no le corresponde por ley. La Contraloría, señaló, objetaría cualquier intento de ejecución directa.
La falta de definición institucional preocupa tanto a las autoridades como a los gremios. Los dirigentes de colectivos han manifestado que llevan más de un año en conversaciones con el Ministerio de Transporte, sin obtener respuestas concretas. En paralelo, algunas líneas de colectivos han decidido avanzar por cuenta propia, rebajando tarifas para competir directamente con los buses eléctricos. Otras, en cambio, se han sumado al programa de subsidio, que contempla beneficios como rebajas para adultos mayores y la incorporación de sistemas tecnológicos de cobro y monitoreo.
Por su parte, el dirigente de la locomoción colectiva menor, Juan Castillo, se refirió a las condiciones en que se produce este acuerdo:
El debate refleja la tensión entre la urgencia de modernizar el transporte menor y la necesidad de definir con precisión las competencias institucionales. Mientras el Consejo Regional se prepara para aprobar los recursos, los gremios insisten en que el Ministerio de Transporte debe asumir la ejecución del programa. La resolución de este punto será clave para que la iniciativa pueda comenzar a operar en los plazos comprometidos y entregar certezas a un sector que busca competir en condiciones equitativas dentro de la ciudad de Copiapó.
