La Fiscalía Nacional Económica (FNE) terminó su estudio de mercado sobre la educación superior y recordó, entre otras conclusiones ya adelantadas en octubre de 2025, que el 35% de los cerca de 5 mil programas de pregrado tendría un retorno económico negativo.
Es decir, al momento en que esos estudiantes pasan de la educación superior al mundo del trabajo, los ingresos que perciben no logran compensar los gastos realizados durante el proceso formativo.
Por ello, se plantea que, en esos casos, la inversión no se traduce en mejores ingresos, problema que se concentra principalmente en el segmento técnico-profesional.
El problema de la educación superior en Chile
La cifra reabrió el debate entre expertos, quienes pidieron revisar los sistemas de información, la regulación y la orientación vocacional.
El académico de la Universidad de Santiago de Chile, Mario Sobarzo, sostuvo que el fenómeno “es complejo” y que influyen cambios tecnológicos —como la inteligencia artificial—, decisiones vocacionales y también políticas de desarrollo. Agregó que existen carreras con bajo retorno monetario, pero con alto valor social y cultural.
“No podemos simplemente asumir que esto tenga que ver únicamente con factores específicos, como que las universidades o las instituciones de educación superior no estén apuntando bien al mercado”, aseguró el experto.
Por su parte, el exministro de Educación Harald Beyer apuntó a dos causas principales: la falta de información comparable sobre el valor agregado de cada programa y una regulación de aranceles basada en costos, que no necesariamente refleja el valor esperado para los estudiantes.
Desde la Pontificia Universidad Católica, el doctor en Educación de la Universidad de Harvard, Ernesto Triviño, recalcó que el retorno económico no es la única medida de impacto y que la educación genera beneficios sociales que no siempre se reflejan en el salario.
Para reducir el ingreso a carreras con retorno negativo, la FNE recomendó cinco líneas de acción.
Entre ellas, crear una plataforma centralizada de información y establecer un hito informativo obligatorio durante el proceso de admisión; elevar la transparencia mediante acreditación y métricas de valor económico agregado.
Asimismo, propuso fortalecer la orientación vocacional y el uso de herramientas informativas; implementar seguimiento de egresados con incentivos; y ajustar las normas para hacer más comparable la oferta educativa y facilitar la movilidad estudiantil.
FUENTE: BIOBIO CHILE
