El fuego destruyó más de 18.000 viviendas en Los Ángeles y forzó la evacuación de 200.000 personas, en lo que fue una de las peores tragedias de la última década en Estados Unidos.
Entre el 7 de enero y el 1 de febrero de 2025, 14 incendios forestales atacaron el estado de California, principalmente la ciudad de Los Ángeles y el área de Hollywood, afectando severamente a las comunidades de Altadena, Palisades y las colinas de San Fernando, incluyendo el Cañón Eaton.
Los incendios, que fueron de una magnitud un poco mayor a los siniestros que actualmente han quemado más de 43 mil hectáreas en la zona centro sur de Chile, destruyeron más de 18.000 viviendas y forzaron la evacuación de 200.000 personas, dejando 31 muertos según datos del Daily Mail. No obstante, estudios posteriores vincularon hasta 440 fallecimientos con las consecuencias directas e indirectas de la catástrofe.
La tragedia se desató cuando una prolongada sequía se combinó con los vientos de Santa Ana, un fenómeno climático de corrientes extremadamente secas y calientes que descienden de las montañas hacia la costa, alcanzando velocidades huracanadas que propagaron el fuego rápidamente.
La emergencia fue de tal magnitud que el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió la declaración de Desastre Mayor el mismo día del inicio del fuego.
En esa línea, a un año de los hechos, es posible hacer un balance acerca de la respuesta del estado respecto a los incendios y a la reconstrucción de la zona afectada, para la cual se destinaron millones de dólares en busca de subsanar la desgracia.
La millonaria inversión
Ciertamente, una de las medidas implementadas para responder a la destrucción masiva fue destinar significativos fondos.
De acuerdo con información del sitio web oficial del estado de California, tras los incendios se promulgó una ley de sesión especial que otorgó más de 2.500 millones de dólares para labores de respuesta y reconstrucción.
Esos recursos incluyeron 4 millones de dólares para acelerar la tramitación de permisos locales y un millón destinado específicamente a la infraestructura escolar.
Además, el presupuesto de CalFIRE -Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California- aumentó de 2.000 a 3.800 millones de dólares para fortalecer la capacidad operativa ante futuros desastres.
El despliegue ante la emergencia
Según el gobierno californiano, el operativo de respuesta alcanzó los 16.000 efectivos en terreno, incluyendo a 2.500 miembros de la Guardia Nacional, respaldados por 1.800 camiones de bomberos y 80 aeronaves. Estas acciones fueron posibles gracias al aumento del personal de CalFIRE, que pasó de 5.829 a más de 10.700 efectivos.
El estado también impulsó un paquete de mitigación hipotecaria de 125 millones de dólares.
Por otro lado, la limpieza de escombros tras los incendios de Eaton y Palisades se ha consolidado como la más rápida en la historia de Estados Unidos para un desastre de esta magnitud.
En nueve meses, los equipos retiraron más de 2,5 millones de toneladas de materiales contaminados y cenizas en 10.000 parcelas. Este volumen representa el doble de los escombros retirados de la Zona Cero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Para facilitar esta labor, Newsom firmó órdenes ejecutivas que permitieron a equipos federales expertos en materiales peligrosos intervenir de inmediato en propiedades privadas.
Estas medidas también buscaron mitigar riesgos secundarios, como deslizamientos de tierra e inundaciones, acelerando la estabilización de laderas en las zonas afectadas.
El trabajo que permitió completar la limpieza expeditamente fue en conjunto entre la gobernación, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Agencia Federal para el Manejo de emergencias (FEMA).
Reformas legales y agilización burocrática
Para acelerar la reconstrucción, el gobernador emitió órdenes ejecutivas que suspendieron temporalmente leyes ambientales y la Ley Costera, eliminando barreras burocráticas para la reconstrucción de viviendas y negocios.
Gracias a estas medidas y al uso de diseños de bajo costo preaprobados por el Estado, los gobiernos locales emitieron permisos de reconstrucción tres veces más rápido que antes del desastre. Hasta el momento, se han otorgado 2.617 permisos de los más de 6.000 solicitados.
Una iniciativa clave fue la suspensión de los nuevos códigos de construcción que debían entrar en vigor en 2026, permitiendo a los damnificados utilizar sus planos aprobados bajo las normas de 2019.
De acuerdo al Estado de California, esto evita que los propietarios tengan que rediseñar sus proyectos y alargar los trámites burocráticos.
Ese paquete de recuperación incluye también una serie de protecciones económicas, como la posposición de la fecha límite para impuestos individuales y la suspensión por un año de multas e intereses en el impuesto predial.
Asimismo, se implementaron restricciones contra la especulación de precios en alquileres y materiales de construcción, junto con una orden ejecutiva para proteger a las víctimas de compradores de tierras que realizan ofertas agresivas de dinero en efectivo.
En el ámbito empresarial, la iniciativa “LA Rises” canalizó 10 millones de dólares para brindar asistencia en efectivo a pequeñas empresas y trabajadores afectados. Se otorgaron beneficios como el aplazamiento de tarifas anuales de licencia y la extensión del plazo para el impuesto sobre ventas hasta abril. Estas acciones se complementaron con protecciones contra saqueos en las zonas de evacuación durante la crisis.
El conflicto por fondos federales
A pesar del progreso en la reconstrucción, existe una tensión con el Gobierno federal liderado por Donald Trump debido a la falta de aprobación de fondos de desastre a largo plazo.
El gobernador Newsomha denunciado que la Casa Blanca no ha cumplido con las promesas de ayuda económica realizadas tras la declaración de Desastre Mayor. Esta situación ha afectado a la restauración de los sistemas de agua dañados y a la infraestructura de respuesta a emergencias, esenciales para la estabilidad económica de la región tras la tragedia.
El mandatario estatal viajó recientemente a Washington D.C. para exigir al Congreso y al presidente Trump que muestren la misma urgencia que con otras comunidades del país.
Hasta el momento, se han realizado cuatro solicitudes formales de fondos desde febrero, cuando se prometió apoyo total a los supervivientes. La falta de estos recursos federales mantiene en pausa la mejora del monitoreo de la calidad del aire y otras infraestructuras críticas que protegen a los millones de personas que interactúan con Los Ángeles.
Fuente: T13
