La norma incorpora una estrategia nacional, define atribuciones de la DGA y establece criterios para proteger el agua y el saneamiento.
La Comisión de Hacienda aprobó, en su ámbito de competencia, el proyecto (boletín 11.608) que establece diversas medidas de fomento a la desalinización del agua de mar. Con esto, la propuesta quedó en condiciones de pasar a evaluación de la Sala.
Previo a la votación, el grupo parlamentario conoció los alcances de la iniciativa a través del Ministerio de Obras Públicas. El principal orador fue el coordinador hídrico, Carlos Estévez, quien explicó que el proyecto, ya aprobado por el Senado y la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, innova en cinco puntos principales:
– Crea una concesión marítima especial, con un informe técnico vinculante de la Dirección General de Aguas.
– Impulsa una Estrategia Nacional de Desalinización.
– Promueve una servidumbre legal de desalinización.
– Define preferencias para resguardar el derecho humano al agua y al saneamiento.
– Radica en la Dirección General de Aguas (DGA) la potestad de fiscalización.
Ahondando en algunos puntos, especificó que la estrategia contendrá lineamientos para orientar el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización. Considerará criterios para determinar aquellas zonas de mayor aptitud para implementar proyectos de extracción, conducción y desalinización de agua de mar. Asimismo, consignará metas e indicadores de seguimiento.
Aclaró que también se considera la creación de una unidad en la DGA, la que se encargará de la elaboración y seguimiento de la estrategia. Además, será responsable de tramitar las solicitudes de concesión y destinación, y de revisar fiscalizaciones y trámites de expedientes sancionatorios.
Puntos revisados por Hacienda
La Comisión de Hacienda, particularmente, revisó las normas relativas a la estrategia y al informe técnico de la DGA. Igualmente, lo referente a la fiscalización y sanciones, así como el financiamiento del proyecto.
Según se aclaró, el gasto fiscal se relaciona con la citada unidad de la DGA, por concepto de gasto en personal y bienes y servicios de consumo, entre otros ítems. El mayor costo se registrará al tercer año, con más de $725 millones, para luego llegar a $342 millones, en régimen.
Tras despejar algunas dudas específicas sobre el sistema, las y los diputados aprobaron, en forma unánime, los artículos de su competencia. Además, por mayoría de votos, se aprobó una indicación del diputado Juan Santana, la que agrega una nueva consideración a los criterios que se tomarán en cuenta en la evaluación de los proyectos de concesión.
Específicamente, apunta a “considerar de manera preventiva el riesgo de impacto ambiental susceptible de ser causado con tales actividades de desalinización, especialmente por concepto de descarga de salmuera, contaminación o alteración significativa del cuerpo de agua marina, entre otros”.
FUENTE: PORTAL MINERO
