Durante años, el debate sobre educación superior en Chile se ha concentrado casi exclusivamente en el acceso financiero: aranceles, endeudamiento y más recientemente, gratuidad. Sin embargo, dejó en segundo plano una dimensión clave de la experiencia universitaria: el costo de vida cotidiano de los estudiantes. Esa omisión ya no es sostenible, ya que el costo de vivir mientras se estudia se ha convertido en un factor estructural que incide directamente en la deserción, el rendimiento académico y la calidad real de la experiencia formativa.
La gratuidad redujo los costos de matrícula para los estudiantes más vulnerables, pero persisten altos gastos en arriendo en ciudades universitarias, transporte, una beca de alimentación insuficiente y costos de conectividad que hoy son indispensables.
Los costos no arancelarios inciden directamente en la permanencia estudiantil. Cuando el presupuesto no alcanza, se reduce la carga académica, se precariza la vida cotidiana o se deserta. El impacto no es solo económico, afecta rendimiento, salud mental y profundiza desigualdades que la gratuidad no corrige.
La política pública asumió que financiar el arancel garantizaba equidad, pero dos estudiantes con gratuidad viven realidades distintas según territorio y recursos. La equidad formal de acceso no asegura trayectorias equivalentes y el contexto socioeconómico sigue marcando diferencias.
Si Chile quiere que la promesa de la educación superior se traduzca en trayectorias completas y no en expectativas frustradas, debe mirar más allá del arancel. Avanzar hacia una mirada integral implica asumir que el costo de vida no es asistencialismo, sino una condición esencial para la retención, la calidad y la justicia educativa y exige fortalecer apoyos y coordinación para prevenir el abandono.
Por: Nassib Segovia, Vicedecano de la Facultad de Economía, U. Central
