En medio de la controversia política que ha generado la llamada “norma de amarre”, incluida en el proyecto de reajuste al sector público, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió nuevamente a cerrar filas en defensa del Ejecutivo y descartó de plano que la medida busque asegurar la permanencia de funcionarios de confianza del Gobierno del Presidente Gabriel Boric tras el cambio de mando.
Consultado por las críticas tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo, el jefe de gabinete insistió en que existe una confusión deliberada sobre el alcance de la norma y enfatizó que ningún cargo político quedará amarrado:
“Cuántos funcionarios de confianza van a permanecer: cero”, aseveró.
Elizalde por norma de “amarre” aclara que no aplica a funcionarios de confianza
El ministro Elizalde fue categórico al abordar uno de los principales cuestionamientos al proyecto, que apunta a que la norma impediría a la próxima administración desvincular personal heredado.
“Es importante ser claros y rigurosos respecto de los conceptos que forman parte de este debate”, sostuvo el ministro, antes de remarcar:
“¿Cuántos funcionarios de confianza del Gobierno del Presidente Boric van a permanecer en sus cargos después del 11 de marzo? Cero. Ningún funcionario de confianza va a permanecer en su cargo a contar del 11 de marzo”.
Según explicó, la disposición no se refiere a cargos políticos, sino a funcionarios a contrata en áreas específicas como salud y educación, muchos de los cuales fueron incorporados para ampliar coberturas y prestaciones en los últimos años.
“Se ha pretendido hacer creer que esta norma se aplica a funcionarios de confianza”, insistió Elizalde, reiterando que el traspaso de mando se realizará bajo las reglas habituales entre gobiernos.
El foco: despidos fundados y control de Contraloría
La norma establece que, en caso de desvinculación de funcionarios a contrata, la decisión deberá estar debidamente fundada, tal como ocurre con otros actos administrativos. Además, contempla la posibilidad de solicitar revisión ante la Contraloría General de la República si no se cumple con ese estándar.
Desde La Moneda han defendido que se trata de una garantía mínima de debido proceso administrativo, mientras que la oposición ha acusado que la medida busca “atar de manos” al próximo gobierno.
La polémica se reactivó la semana pasada, luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmara que el Ejecutivo ingresará el proyecto de reajuste al sector público, incluyendo esta disposición, pese a las advertencias sobre su viabilidad política.
Parlamentarios oficialistas han señalado que se enteraron de la norma por la prensa, lo que fue directamente abordado por Elizalde. “El diálogo para la generación de los proyectos de reajuste se lleva adelante con las organizaciones, los gremios y las asociaciones de funcionarios públicos”, explicó el ministro, detallando que existe una mesa del sector público que agrupa a múltiples organizaciones representativas.
“Con ellos se lleva adelante el diálogo y se generan los acuerdos. Después, cuando estos se plasman en un proyecto de ley, obviamente se realiza el diálogo legislativo correspondiente”, agregó.
FUENTE: BIOBIO CHILE
