Hoy, la gratuidad está limitada a dos casos: atenciones de urgencia y personas con movilidad reducida acreditada por un especialista.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados abrió la puerta a un cambio relevante para los pacientes y sus familias al aprobar la idea de legislar un proyecto que busca eliminar los cobros de estacionamiento en clínicas y hospitales cuando la visita esté vinculada directamente a una atención de salud.
La propuesta apunta a modificar la ley del consumidor y responde al malestar generalizado de los usuarios, quienes consideran excesivos los cobros por estacionar mientras esperan a ser atendidos, especialmente cuando ese costo muchas veces llega a equiparar o incluso superar el valor del propio bono médico.
Hoy, la gratuidad está limitada a dos casos: atenciones de urgencia y personas con movilidad reducida acreditada por un especialista. Para consultas médicas, tratamientos, exámenes u hospitalizaciones, los pacientes y sus acompañantes deben pagar por estacionar en el recinto médico. Según los impulsores del proyecto, la meta es extender la prohibición a todas las prestaciones, sin distinción del tipo de atención ni del carácter público o privado del recinto.
La iniciativa también incorpora a quienes acompañan a personas hospitalizadas, buscando que puedan permanecer con sus familiares sin sumar gastos adicionales.
Para evitar el uso indebido de los estacionamientos, el proyecto permite a los centros de salud definir mecanismos de fiscalización. Quienes no cuenten con el comprobante de atención deberán pagar el estacionamiento de forma habitual. La propuesta exige además requisitos claros, como límites de tiempo y número de vehículos autorizados, con el fin de asegurar que la gratuidad se utilice exclusivamente para fines médicos y que los espacios no sean utilizados por quienes solo buscan un estacionamiento gratuito.
Si la ley se aprueba, los recintos tendrán al menos tres meses para ajustar sus sistemas, implementar los controles y eliminar los cobros. El incumplimiento podría derivar en sanciones que lleguen a las 150 UF. Por ahora, la iniciativa continúa avanzando en el Congreso a la espera de su próxima votación.
Fuente: T13
