Los gremialistas expresaron preocupación respecto a si la modalidad “no está afectando la productividad y los niveles de cumplimiento de estas reparticiones”.
Diputados de la UDI oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) y solicitaron iniciar una auditoría tras revelarse que más de 3.600 funcionarios de Gobierno siguen con teletrabajo.
El subjefe de la Bancada e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Felipe Donoso, junto al diputado Jorge Alessandri, anunciaron que oficiaron al ente contralor luego de que La Tercera informara que hay 3.622 funcionarios de subsecretarías y Presidencia que continúan con teletrabajo, a pesar de que hace más de tres años se levantaron las medidas asociadas a la pandemia del COVID-19.
El citado medio indica que la ley 21.724 permite que hasta un 20% de la dotación de cada repartición puede trabajar bajo dicha modalidad; sin embargo, hay seis entidades que superan ese porcentaje. Por ejemplo, la Subsecretaría de Hacienda tiene 105 funcionarios y un 41,3% tiene teletrabajo.
Bajo ese contexto, y si bien Donoso y Alessandri apuntaron a que la normativa actual autoriza al sector público trabajar en esa modalidad bajo ciertas condiciones, expresaron su preocupación por el nivel de productividad y el control por parte de las jefaturas.
De ese modo, aseguraron que “resulta indispensable poder verificar si estas autorizaciones que se han entregado siguen estando debidamente fundadas y si se cumplen los criterios establecidos en la ley”.
“Es aún más relevante determinar si esta modalidad no está afectando la productividad y los niveles de cumplimiento de estas reparticiones”, acotaron.
La ley que permite el teletrabajo en la administración del Estado “no puede transformarse en una regla general ni tampoco significa que las entidades tengan que hacerla efectiva. El espíritu de esta normativa era dar una solución ante la emergencia sanitaria que estábamos viviendo”.
Los gremialistas cuestionaron que “hace más de tres años que se dejaron atrás las distintas medidas preventivas y, así como el mundo privado comenzó a retomar el trabajo presencial, lo mismo debió haber ocurrido con el sector público“.
Alessandri y Donoso manifestaron su preocupación por el impacto que el teletrabajo podría tener en la atención y respuesta hacia la ciudadanía, teniendo en cuenta que “una de las subsecretarías con mayor número de funcionarios trabajando en esa condición es la de Servicios Sociales, con 65 empleados públicos en total, lo que representa al 21% de la dotación”.
“Es importante que se aclare si el trabajo a distancia en el sector público está afectando la calidad y oportunidad de los servicios que el país debe garantizar a los chilenos. No se trata de cuestionar por cuestionar, sino que de asegurar que los recursos públicos se estén utilizando de forma adecuada y que el Estado esté funcionando de la manera más eficiente posible”, enfatizaron.
FUENTE: CNN CHILE
