El Ministerio del Medio Ambiente decidió suspender temporalmente la definición de los polígonos que serían catalogados como “sitios prioritarios” bajo la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), luego de recibir más de 2.000 observaciones en el proceso de consulta pública y en medio de crecientes reparos del mundo productivo. La medida, según la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, busca revisar los antecedentes técnicos y “dar certeza sobre su alcance” a los actores involucrados.
La normativa, que reorganiza la institucionalidad ambiental e incorpora nuevas herramientas de conservación, proponía inicialmente 99 áreas que suman cerca de cuatro millones de hectáreas con un nivel alto de protección. Su avance encendió alertas en sectores como minería, construcción, infraestructura y energía, que advierten impactos en la planificación de inversiones, la disponibilidad de suelo y los tiempos de tramitación.
En regiones como Atacama, donde la actividad productiva depende en buena parte de obras de infraestructura, habilitación territorial y vivienda, el debate ha adquirido especial relevancia. Actores locales señalan que una regulación poco clara podría traducirse en paralización de proyectos, pérdida de empleo y menor dinamismo para comunidades que ya enfrentan brechas de desarrollo.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) valoraron la decisión del gobierno, señalando que abre una oportunidad para corregir aspectos centrales de la implementación. Su presidente nacional, Alfredo Echavarría, afirmó que es necesario equilibrar los objetivos ambientales con la certeza necesaria para que las inversiones avancen.
“Valoramos la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de suspender la definición de los llamados sitios prioritarios para conservación. Tal como advertimos, insistir en esta línea pone en riesgo la mantención de proyectos y el inicio de otros, afectando con ello la inversión y el empleo. Nos resulta gratificante que la autoridad priorice un proceso colaborativo con la sociedad civil y los gremios productivos. La institucionalidad ambiental está llamada a proteger la biodiversidad, pero también a permitir el desarrollo. Es necesario mantener este sano equilibrio para mejorar las condiciones de nuestro país de manera integral”, señaló el presidente del gremio.
Del mismo modo, el presidente de la CChC Atacama, Cristian Alzamora, llamó a que la revisión del SBAP considere una mirada territorial más realista, especialmente en regiones que enfrentan baja densidad urbana y una alta necesidad de infraestructura para sostener su crecimiento. El dirigente gremial advirtió que la aplicación de la normativa no puede transformarse en un freno para los proyectos que la región necesita.
“Para Atacama, esta pausa es un respiro, pero también una señal de alerta. Tenemos desafíos urgentes en habilitación de suelo, vivienda e infraestructura logística, y cualquier política ambiental debe ir de la mano del desarrollo territorial. Si no se establecen mecanismos claros y plazos definidos, existe el riesgo de que esta ley termine dificultando iniciativas que son esenciales para nuestra región”, sostuvo.
El Ejecutivo aún no informa un nuevo calendario para retomar la definición de los sitios prioritarios. Mientras tanto, tanto el sector privado como los gobiernos regionales esperan que el proceso de revisión entregue señales concretas de certeza regulatoria, condiciones que consideran indispensables para destrabar la inversión y asegurar un desarrollo sostenible equilibrado entre protección y crecimiento.
FUENTE: Comunicaciones, CChC Atacama Cámara Chilena de la Construcción
