En la tarde del jueves 16 de octubre, la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco arrestó a uno de los miembros de sus propias filas por presuntamente tener vínculos con el Clan de Los Martínez, organización criminal que fue desbaratada en agosto pasado en La Araucanía, en un procedimiento que se denominó “Operación Imperio”.
Se trata del subcomisario Juan Carrasco Hernández, policía de la Brigada de Robos (Biro) de Temuco, quien ahora está en prisión preventiva tras ser formalizado el viernes pasado por los delitos de violación de secreto, fraude de seguros, falsificación de instrumento público y tenencia ilegal de armas.
La instrucción llegó de parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, quienes detectaron en agosto que la investigación en contra del clan que habría cometido un desfalco por $30 mil millones, había sido vulnerada y filtrada. Esto, porque descubrieron que los Martínez sabían de antemano detalles reservados del procedimiento.
Ese dato llegó a través de interceptaciones telefónicas de las que eran objeto los miembros del Clan, donde los investigadores de la PDI alertaron que Cristian Martínez, uno de los líderes, sabía la fecha en que iban a ser allanados los 36 domicilios del procedimiento.
Según antecedentes exclusivos de Mega Investiga, en una llamada telefónica del 21 de agosto, previo al destape de la Operación Imperio, Martínez fue contactado por el subcomisario, quien le advirtió que saliera del país. “Mejor ándate pa fuera, pesca tus cuestiones y ándate, porque te van a reventar la casa el día 1 de septiembre, son 35 domicilios, los van a reventar a la misma hora”, le señaló el funcionario PDI.
Fue por eso que los fiscales del caso, Roberto Garrido y Enrique Vásquez, se vieron obligados a cambiar la fecha original del operativo y adelantarla para el miércoles 27 de agosto, día en que finalmente arrestaron a toda la cúpula del clan y a sus testaferros.
Pero hasta esa fecha, todavía no tenían identificado al funcionario que había filtrado la información a los imputados. Esa certeza llegó semanas después, cuando uno de los involucrados confesó que se trataba del subcomisario Carrasco Hernández.
“Esta declaración yo la doy sobre un funcionario de la PDI que está involucrado en delitos”, señaló a los policías uno de los líderes del clan.
El funcionario PDI detenido también fue formalizado por fraude de seguros, pues los antecedentes que recabó la Fiscalía de Temuco daban cuenta que tenía una red de contactos en el área automotriz, con quienes cobraba de forma irregular seguros vehiculares.
En esa dinámica, según se pudo establecer, se transaban y ofrecían partes policiales falsos a cambio de dinero, para así crear falsos siniestros que permitían activar los seguros y con ello obtener el pago de las indemnizaciones de las respectivas pólizas.
Por estos delitos, también se detuvo a otro funcionario de la PDI del Cuartel de Independencia, en Santiago, quien quedó sujeto a arresto domiciliario.
Desde la policía uniformada informaron a través de un comunicado que ayer “fueron detenidos dos oficiales policiales, quienes fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de esa misma ciudad (…) En razón de estos hechos, existe un sumario en curso en contra de los imputados, quienes actualmente se encuentran suspendidos de sus funciones y además, en tramitación, su desvinculación de la institución”.
Funcionarios públicos
El masivo procedimiento policial concluyó con más de 40 personas formalizadas, pero ahora la investigación se centra en establecer el rol de otros presuntos involucrados. “Es probable que hayan tenido contactos para adquirir cierta información”, señaló el subprefecto Daniel Araneda, jefe de la BIPE de Temuco.
Y es que tal como reveló Mega Investiga en agosto, para sus operaciones el clan de Los Martínez estableció lazos y vínculos con varios funcionarios públicos, quienes en mayor o menor medida, realizaron gestiones para ayudar a la banda en sus negocios ilícitos.
Tal es el caso de un exfuncionario de la Segegob que cumplía funciones en la División de Organizaciones Sociales (DOS) de la cartera entre 2020 y 2022. Según consta en la carpeta investigativa, el hombre de iniciales N.F.F.V. entregaba códigos para activar y modificar la Clave Única a cambio de droga y dinero.
Además, otros dos funcionarios del Poder Judicial facilitaban información sensible respecto a causas que afectaban a los miembros de la red criminal.
Fuente: Meganoticias
