En una pequeña vivienda ubicada en Los Héroes, Alejandra Vega Santibáñez vive una realidad que se ha vuelto insostenible. Madre de tres hijos, uno de ellos con autismo severo, enfrenta sola una batalla diaria contra la indiferencia institucional, la precariedad económica y el temor constante por la seguridad de su familia. Su hijo Ángelo, de 23 años, fue diagnosticado con autismo a los tres años y medio. Desde entonces, ha recibido atención intermitente, limitada a terapias ocupacionales, y ha sido víctima de un sistema de salud que, según Alejandra, lo ha abandonado.
La situación se agravó en 2019, cuando Ángelo fue internado judicialmente por episodios de agresividad. Desde entonces, Alejandra ha solicitado reiteradamente atención neurológica especializada, sin resultados concretos.
El medicamento no ha logrado estabilizar a Ángelo. Los episodios de violencia continúan, afectando a su madre y a sus hermanos. Alejandra ha sido mordida en piernas, manos y pecho, y ha documentado las agresiones con fotos y videos que ha presentado en el hospital. Sin embargo, la respuesta ha sido nula.
La precariedad económica agrava aún más el panorama. Ángelo recibe una pensión de discapacidad de poco más de 200 mil pesos, monto que apenas alcanza para cubrir los servicios básicos. Alejandra no recibe apoyo como cuidadora, y el padre de sus hijos, aunque vive cerca, no colabora de manera constante. Su otro hijo, Christopher, también ha presentado problemas de control de impulsos, y la falta de apoyo familiar ha impedido que pueda estudiar o trabajar.
Alejandra ha acudido a diversas instituciones: el hospital regional de Copiapó, la Seremi de Salud, Derechos Humanos, entre otros. Todos conocen el caso, pero hasta el momento no hay una solución concreta. La atención médica se limita a consultas breves, sin exámenes ni seguimiento, manifestó:
Hoy, Alejandra pide que su hijo sea internado de forma permanente. No por abandono, sino por protección. La agresividad de Ángelo ha escalado, y teme por su vida y la de sus hijos. Su testimonio es un llamado urgente a las autoridades para que se activen protocolos de atención especializada, se garantice el derecho a la salud mental, y se proteja a una familia que ha sido invisibilizada por el sistema.
Este caso no solo refleja una historia personal, sino una falla estructural que afecta a cientos de familias en Chile. La pregunta que queda es: ¿Cuánto más debe esperar Alejandra para que su hijo reciba la atención que requiere?
