Esta semana comenzó a regir oficialmente el Decreto 176 de la Ley 21.172, más conocida como Ley “Chao Cables”, normativa que obliga a las empresas de telecomunicaciones a identificar y retirar el cableado en desuso desde los postes del tendido público en las ciudades del país.
Se trata de una medida esperada por la ciudadanía, debido a que estos cables, frecuentemente colgando o enredados, representan un riesgo para la seguridad de peatones y vehículos, especialmente en contextos de emergencia climática como vientos o lluvias intensas. Además, se busca mejorar el orden urbano y la estética de calles y barrios.
Aunque la ley fue promulgada en 2019, no había tenido una implementación real hasta ahora, debido a la falta de un reglamento técnico, el cual fue aprobado por Contraloría en marzo de este año. Con la publicación del Decreto 176 en el Diario Oficial, la normativa entra en plena vigencia desde este 21 de septiembre de 2025.
En ese contexto, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carla Orrego, comentó que La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) comenzará a exigir los planes de retiro a las empresas, iniciando así un proceso sistemático para eliminar los cables en desuso.
El reglamento establece obligaciones claras para las empresas, como:
- Realizar un catastro de sus redes para identificar cables en uso, en desuso o en mal estado.
- Presentar planes anuales de retiro y ordenamiento, coordinados con municipios y gobiernos regionales.
- Mantener en buen estado sus instalaciones y responder en caso de emergencias.
- Publicar mapas de cobertura y zonas prioritarias de intervención.
El objetivo es que esta acción se transforme en una rutina anual, mejorando la seguridad, limpieza visual y calidad urbana de las ciudades.
Con esta implementación, se espera que sectores altamente afectados por el desorden del cableado, como centros urbanos, barrios antiguos o zonas escolares, sean abordados con prioridad.
Por su parte, la Diputada Sofía Cid, representante de la Región de Atacama e impulsora de esta ley, destacó la relevancia de su implementación y ha señalado que tendrá un rol fiscalizador para asegurar que las empresas cumplan con lo establecido.
