El 20 de mayo la Contraloría dio un golpe que indignó a buena parte de la opinión pública: cruzó licencias médicas (2023-2024) con movimientos migratorios y detectó que 25.078 funcionarios viajaron al extranjero durante sus periodos de reposo.
Estos periodos estaban asociados a 35.585 licencias y 59.575 entradas y salidas del país. El 96% de esas licencias fueron de Fonasa, mientras el 31% por parte de isapres.
La entidad que lidera Dorothy Pérez ofició a las instituciones para iniciar sumarios, remitió antecedentes al Ministerio Público y anunció que repetiría estos cruces de datos de manera periódica. En el Senado, la contralora pidió mayores atribuciones fiscalizadoras.
Hubo renuncias (más de 1.100 funcionarios a inicios de junio), sesiones especiales en el Senado, y amplia condena pública al “fraude al Fisco”. La Fiscalía abrió causa de oficio.
En el primer barrido nacional (CIC 9) las instituciones con más casos fueron: Junji (2.280), Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719); también hospitales como el San José (203), Félix Bulnes (195) y Barros Luco (188) destacaron en los registros.
Contraloría posteriormente detectó asimismo en las FF.AA., Carabineros, Gendarmería y PDI 2.982 casos.
En los últimos días, en tanto, Contraloría dio a conocer nuevos antecedentes. Informó que 10.805 funcionarios públicos que se desempeñan en servicios públicos con presencia regional salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella.
Los titulares de esas 15.257 licencias, habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades, informó la entidad.
La CGR también comunicó que se han iniciado 8.301 sumarios derivados de los cinco Consolidados de Información Circularizada (CIC) del organismo, los que han abordado el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
Licencias en picada
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó a fines de agosto que las licencias cayeron con fuerza.
Durante julio de 2025 -notificó la entidad-, el número de licencias médicas emitidas por enfermedad o accidente común registró una disminución de 19,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, aunque se registró un aumento de 3,2% respecto de junio pasado.
“En el acumulado entre enero y julio, el total de licencias emitidas con pronunciamiento alcanza las 4.148.112, lo que equivale a una baja de 9,3% frente al mismo período de 2024. Este descenso marca un cambio significativo respecto de la tendencia observada en relación al último año“, especificó también.
“Al desagregar según el seguro de salud, se observa que las licencias de los trabajadores afiliados a Fonasa disminuyeron en un 7,2%, alcanzando 3.502.344 licencias. En tanto, las correspondientes a afiliados de Isapre descendieron en un 17%, totalizando 645.768 licencias”, complementó.
“Esta tendencia -añadió- no solo se vincula al Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 9 de mayo pasado, elaborado por la Contraloría General de la República, sino que también responde a las acciones de fiscalización desarrolladas en los últimos meses por la Suseso”.
¿Cuánto ha ahorrado el Estado?
Hay distintos cálculos en torno al ahorro. Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y director de la facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, sostiene que el gasto en licencias médicas en funcionarios del sector público representa cerca del 38% del gasto total del país, incluyendo Fonasa e Isapres.
“Es así como el año 2023 el Estado gastó cerca de US$1.540 millones en licencias médicas para funcionarios públicos; un 52% de ese gasto fue para funcionarios del Gobierno Central y el 48% al resto de los trabajadores del sector público, incluyendo funcionarios municipales”, indica.
“Recordemos que el promedio anual de días de licencia por funcionario público es 33 días de licencia por trabajador, más del doble que en el sector privado (15 días) y más del triple que los trabajadores independientes (10,5 días). Esto significa que el sector público gastó en exceso el 2023 unos US$ 740 millones, si lo comparamos con el sector privado. Este es el monto total que, en la práctica, podría ahorrarse el Estado su replicara los patrones del sector privado”, sostiene Weber.
“De esta forma -dice también- la rebaja de 9,3% en el acumulado entre enero y julio para el total de licencias emitidas con pronunciamiento, podría haber ahorrado al fisco poco más de US$80 millones los primeros siete meses del año, y si se mantiene la tendencia para el cierre de año, esto podría aumentar a US$140 millones”.
“Esto demuestra la relevancia de instalar mecanismos eficaces de control en el Estado y cómo, con los incentivos correctos, se modifica la conducta de los defraudadores”, concluye.
Por su parte, Nicolás Garrido, director del Instituto de Políticas Económicas de la Unab, también recuerda que la disminución de licencias obtenidas como consecuencia del informe de Contraloría ha logrado una reducción del 9,3% de licencias emitidas.
“Considerando la licencia promedio de 13,5 días y el subsidio diario, el ahorro fiscal oscilaría entre $153 mil millones y $172 mil millones”, dice.
“Esta cifra -remarca- equivale a la construcción de dos hospitales medianos o de más de veinte CESFAM en distintas comunas del país”.
Fuente: Emol
