Las acciones judiciales apuntan contra los alcaldes de Antofagasta y Coyhaique.
En Chile, y de acuerdo a la Asociación de Casinos de Juegos, hay 15 mil máquinas de azar autorizadas para funcionar. Estas se encuentran distribuidas entre los distintos casinos legales a lo largo del país.
Sin embargo, junto con esto, se han detectado que hay entre 300 mil y 700 mil máquinas tragamonedas de uso ilegal, instaladas en casinos clandestinos, sin patentes ni autorización para funcionar.
Eso es lo que buscan erradicar en un trabajo en conjunto con las municipalidades, las cuales se han topado con la dura oposición de los dueños de estos recintos, incluyendo querellas contra los alcaldes por cumplir la ley.
“Los alcaldes y funcionarios municipales tienen la obligación de fiscalizar estos locales. Obviamente hay alcaldes que han sido mucho más enfáticos en perseguir, porque se han dado cuenta que tienen una amenaza grande en sus ciudades, porque estos locales se instalan pagando patentes muy altas”, señala Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación.
La también vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio agrega que “muchas veces están en los centros históricos de las ciudades y resulta que muchas veces también desplazan al comercio tradicional, el que no tiene los recursos para pagar patentes al mismo nivel que tienen estos locales. Obviamente esto genera otro tipo de incivilidades, como muchas veces es contrabando, lavado, delitos financieros de todo tipo, y a veces hay hasta trata de personas, etc. Entonces, con todo eso como antecedente, nosotros hemos trabajado con los alcaldes para apoyarlos en esta gestión”.
Misma postura que tiene José Pakomio, presidente de la CNC. “Los alcaldes tienen el deber de fiscalizar y cumplir los dictámenes de la Contraloría, que obligan a los municipios a perseguir estos casinos ilegales. Estos locales de juegos de azar, que operan con patentes fraudulentas —pues no existe permiso alguno que autorice su funcionamiento como casinos legales— generan espacios de alta inseguridad para los vecinos y suelen estar vinculados al crimen organizado. A pesar de ello, pagan patentes millonarias como si fueran otro tipo de comercio”.
Considera que “por eso nos preocupa profundamente que aparezcan este tipo de amenazas en forma de querellas, es decir, acciones judiciales concretas contra autoridades que están cumpliendo su labor en beneficio de la seguridad y tranquilidad de la comunidad. Nos inquieta que esto desincentive la persecución de otros fenómenos que también generan inseguridad, como es el comercio ilegal”.
Y en este marco, es que hay dos casos “del mundo al revés”. Esto, porque dueños de casinos ilegales han interpuesto querellas en contra de las municipalidades de Antofagasta y la de Coyhaique por prohibirles funcionar. En ambos casos son comerciantes de origen chino.
La acción judicial de Coyhaique apunta directamente contra el alcalde Carlos Gatica (DC) y otros tres funcionarios. El abogado representante de “TAO Entretenciones SPA” alega “irregularidades en la fiscalización y vulneraciones legales”.
Para Valdés, “es muy delicado esto que está pasando. Son acciones judiciales que están perjudicando la función del alcalde y los municipios. Y esto puede llevar a intimidar a otras autoridades y no seguir fiscalizando”.
El aludido alcalde Gatica considera que “es la parábola de cuando el ladrón persigue al juez. Bueno, la verdad y nosotros como municipalidad, como administración, estamos sumamente convencidos de que lo que se hizo, se hizo, por supuesto, siguiendo el reglamento y la ley vigente. Lo hicimos con el objetivo también de poder parar con este tipo de situaciones que van afectando el desarrollo habitual de la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas”.
Detalla que “la clausura de estos locales obedece a precisamente que no hay un cumplimiento de la patente señalada. Ellos pidieron una patente por un fin específico, ese fin no se cumple. Esto está también señalado no tan solo por los dictámenes de Contraloría, sino que además por la Superintendencia de Casinos y Juegos, lo cual nosotros como municipio hicimos valer, por supuesto, la ley en cuanto a las acciones que pudimos desarrollar y eso terminó siendo la clausura de estos locales”.
Cierra con que “frente a esa clausura ellos señalan que hay vicios administrativos, por lo cual presentan una querella por esta acción, por haber cerrado los casinos ilegales que ellos habían desarrollado”.
Fuente: Emol
