Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 50% a las importaciones de cobre, autoridades de la Región de Atacama expresaron su preocupación y llamaron a la cautela, destacando el trabajo estratégico que Chile ha venido desarrollando frente a este tipo de medidas comerciales. Aunque la disposición aún no entra en vigencia y no se ha detallado su aplicación concreta, el impacto podría ser significativo para uno de los principales sectores productivos del país.
Desde el gobierno regional, el seremi de Minería de Atacama, Juan Carlos Peña Pérez, indicó que el país ha adoptado una postura preventiva y articulada.
La autoridad destacó que, si bien Estados Unidos es un socio comercial relevante, el panorama internacional es dinámico y ofrece oportunidades para posicionar el cobre en otras economías emergentes o consolidadas. En esa línea, subrayó la importancia de no depender de un solo mercado y mantener una política de diversificación constante en la exportación del mineral.
El presidente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama (CORPROA), Juan José Ronsecco, también se refirió al anuncio, haciendo énfasis en la necesidad de una evaluación cuidadosa y en el rol de los gremios empresariales: “Es importante tener perspectiva en este tema, es pronto para opinar o sacar conclusiones ya que aún no hay claridad respecto a la forma en que esta tasa se aplicará. He socializado este tema con los principales gremios a nivel nacional y el llamado es a seguir negociando con el gobierno de Estados Unidos y a seguir abriendo mercados para nuestro cobre. Pese a lo chocante que suena un alza impositiva del 50%, el escenario aún es positivo para nuestro país en los mercados, pero sabemos que se puede cambiar de un momento a otro, por lo que tal como han dicho las autoridades, los gremios mineros y los expertos del mercado de Estados Unidos representan el 10% de lo que se está exportando a Chile”.
Las declaraciones de ambas autoridades regionales evidencian una visión estratégica de largo plazo y el compromiso con la estabilidad del sector minero frente a eventuales cambios en la política comercial internacional. El llamado común es a reforzar la colaboración público-privada, intensificar las gestiones diplomáticas y mantener la competitividad del cobre chileno en el contexto global.
