Los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) llevan casi dos meses en paralización, en demanda de mejoras laborales y cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno.
La movilización, que ha afectado el funcionamiento regular de la institución, surge tras la entrega de un petitorio de ocho puntos dirigido al Ministerio de Justicia, en el que se exige una respuesta concreta para deponer la medida.
Francisco Gómez, vocero de los trabajadores movilizados, explicó que la Corporación cumple un rol fundamental en el acceso a la justicia, ya que entrega orientación, asesoría jurídica gratuita y patrocinio judicial a personas que no pueden costear estos servicios.
Entre las principales demandas se encuentran la homologación de remuneraciones, la reducción de la sobrecarga laboral, la mejora de las condiciones de infraestructura y la reapertura de oficinas cerradas.
Respecto al estado actual de las negociaciones, Gómez señaló que no ha habido avances significativos debido, en gran parte, a la falta de recursos que el Gobierno ha argumentado para llevar adelante la homologación salarial.
Sin embargo, afirmó que existen medidas que no requieren inversión adicional, como modificar los horarios laborales, las cuales podrían aplicarse mientras se busca una solución de fondo.
Hasta ahora, la movilización se mantiene activa y los funcionarios continúan a la espera de una respuesta concreta que permita avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al paro.
