El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) es el órgano técnico encargado de analizar y evaluar la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. El Comité de Expertas del MESECVI depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), específicamente de su Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).
Recientemente y mediante un comunicado han manifestado una profunda preocupación ante la situación de violencia de género en la Región de Atacama. Según el organismo, desde 2018 se han registrado múltiples desapariciones y femicidios de mujeres y niñas, lo que evidencia deficiencias en la investigación y obstáculos para el acceso a la justicia. La incertidumbre y el temor se han instalado entre la población, ante lo que el Comité considera un patrón de violencia sistemática.
En su declaración pública, el CEVI destacó los casos de Tanya Aciares, Sussy Montalván, Marina Cabrera, Catalina Álvarez y Thiare Elgueda como ejemplos de un problema estructural. Según el organismo, las investigaciones han enfrentado demoras, falta de información clara para las familias de las víctimas y estereotipos de género dentro del sistema judicial. En enero de este año, el Comité envió una carta al gobierno chileno exigiendo acciones concretas, como la aceleración de los procesos investigativos, el acceso efectivo a la justicia y el respeto por los derechos de los familiares. Asimismo, denunció represalias y amenazas contra el entorno de las víctimas, lo que vulneraría el derecho legítimo a la protesta y la exigencia de justicia.
Ante esta declaración, la Fiscalía de Atacama respondió mediante un comunicado, asegurando que los casos han sido investigados con rigor y de manera coordinada con la Policía de Investigaciones (PDI) y otros organismos estatales. La entidad destacó los avances judiciales en algunos de los casos mencionados, como la sentencia contra Hugo Pastén, condenado a dos penas de presidio perpetuo calificado y otros 20 años de cárcel por el asesinato de tres mujeres y la desaparición del cuerpo de una menor de edad.
En cuanto a las cifras generales de femicidios, la Fiscalía indicó que no se ha observado un aumento en estos delitos en la región. En 2021 y 2023 hubo un caso de femicidio consumado, mientras que en 2022 no se registraron casos de este tipo. Durante el año 2024 se reportó un femicidio consumado y, en lo que va de 2025, se registra un caso en Vallenar, donde el agresor se quitó la vida tras el crimen. Además, señalaron que la desaparición de Thiare Elgueda sigue siendo objeto de una investigación activa, con diligencias en curso.
A pesar de los esfuerzos descritos por la Fiscalía, el CEVI insiste en la necesidad de mejorar los mecanismos de protección y acceso a la justicia para evitar nuevos casos de violencia de género. Para el organismo internacional, el problema no se reduce únicamente a cifras de casos consumados, sino que involucra factores como la confianza en las instituciones y la capacidad del Estado para erradicar la impunidad.
En este contexto, el desafío para las autoridades es demostrar un compromiso efectivo en la lucha contra la violencia de género y garantizar que las víctimas y sus familias reciban justicia de manera oportuna. El Comité reafirmó su disposición a brindar apoyo técnico al Estado de Chile para la implementación de estrategias eficaces contra la violencia de género, subrayando que la exigencia de justicia sigue siendo una tarea pendiente para asegurar los derechos y la seguridad de las mujeres en la región.
