La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana presentó una “querella criminal en contra todos quienes resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores del delito de homicidio” en contra de la estudiante de Derecho, Denisse Cortés, quien se encontraba en Plaza Baquedano, en el contexto de la marcha de los Dos Mundos.
De acuerdo con la acción legal, se faculta a los delegados presidenciales a interponer querellas “cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubiesen afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie”.
Tomando en consideración esto último, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Emardo Hantelmann, en representación del Gobierno presentó la querella criminal porque “los hechos denunciados en la querella y que son constitutivos del delito de homicidio, afectan gravemente el orden y la seguridad pública en tanto se trata de un ilícito que vulnera el bien jurídico más importante y protegido de nuestro ordenamiento jurídico, como es la vida de una persona, y que además se da en un contexto en que se encontraba una gran cantidad de personas manifestándose y que podría haber sido víctima de hechos similares”.
Por ello, desde la delegación presidencial acusaron “tener por interpuesta querella criminal en contra todos quienes resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores del delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 Nº 2 del Código Penal”.
“Así como de todos aquellos ilícitos que resulten comprobados durante el curso de la investigación, con el objeto de que sean formalizados, acusados y, en definitiva, condenados a las penas establecidas por la ley, con expresa condenación en costas”, prosigue la acción legal interpuesta.
A su vez, en la querella interpuesta se le solicitó al Ministerio Público efectuar las siguientes diligencias probatorias:
Se cite a declarar a los funcionarios policiales que participaron del procedimiento policial y se encontraban junto a la víctima en el momento de ocurrencia de los hechos; copia de cámaras de vigilancia la UOCT y de la Municipalidad de Santiago, del lugar donde ocurrieron los hechos y sus inmediaciones.
Además, se solicitó “oficiar a LABOCAR de Carabineros, para que realice informe planimétrico del sitio del suceso, y al Hospital Urgencia Asistencia Pública, para que remita ficha de atención médica de la víctima”.
Cabe señalar que la hipótesis que maneja la policía sobre el fallecimiento de la estudiante de Derecho, se basa en la explosión de un fuego artificial lanzado por manifestantes. A raíz de esto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tomó el caso y dispuso que fuera la PDI la que realizará la investigación.
Fuente: Emol.com
