Expertos apuntan a que la salida del fiscal regional de Coquimbo del caso ProCultura puede ser una oportunidad para el oficialismo, aunque la investigación es probable que siga afectando al sector.
Analistas políticos consultados por Emol, coincidieron en que la remoción del fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura, es un “alivio” para el Gobierno, considerando que ha sido el centro de críticas por los distintos antecedentes que se han ido conociendo. Sin embargo, apuntaron a que las incógnitas apuntan a si ello será duradero o más bien “temporal”.
Mario Herrera Muñoz, analista de la Universidad de Talca, cree que “indudablemente es un respiro para el Gobierno“, pues “logra encauzar políticamente el tema hacia el fiscal Cooper y con ello sacarlo de La Moneda”. Con eso, dice “retoma el control de la agenda comunicacional“.
No obstante, sostiene que “dependerá del curso de la investigación si es un respiro largo o breve. Al sacar a Cooper de la ecuación, el tema se convierte en algo más político que judicial y es ahí donde el Gobierno y su coalición quedan expuestos a otras filtraciones o a que se conozcan públicamente nuevos antecedentes de la investigación. Dicho de otro modo, sin Cooper ya no tienen dónde dirigir el problema“.
Para Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, la salida del persecutor “puede interpretarse como un alivio temporal“.
“La reasignación del caso a la Fiscalía Regional de Antofagasta, podría permitir al Gobierno tomar distancia de las controversias asociadas a Cooper y centrar la atención en el avance de la investigación bajo una nueva dirección“, advierte.
Agrega, que “es una oportunidad para encauzar la crisis hacia la fase de institucionalización y judicialización que permite al Gobierno sacar de La Moneda la crisis para evitar efecto contagio y que continúe afectando la percepción pública y la agenda política del Gobierno”.
Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, también sostiene desde un punto de vista político “es un ‘alivio’ para el Gobierno, ya que hasta ahora el caso había involucrado directamente al presidente Boric, con lo que producía una disputa entre un discurso institucional y otro de victimización y sin claridad ante la crisis -como ya se ha hecho costumbre-. Y con una agenda política paralizada, más aún teniendo en consideración la cercanía de la última Cuenta Pública del Presidente”.
Sin embargo, expone que “las aristas de este caso podrían seguir impactando a otros sectores oficialistas, especialmente el Frente Amplio, y también a actores regionales asociados a los partidos del oficialismo”.
Quizás, añade, “lo más delicado podrían ser las ‘sospechas’ de financiación ilegal de la política y el destino de los fondos hasta ahora desconocidos públicamente“.
Con todo, menciona que “el mayor problema de esta situación sobre la salida del fiscal Cooper desde un punto de vista político, es que la historia (el pasado) de investigaciones de corrupción de autoridades políticas de alta impacto público, cuando se produjo cambios en la Fiscalía de personas y estrategias, los casos terminaron ‘aguándose’ y con resultados paupérrimos“.
Finalmente, Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), afirma que “la remoción de Cooper es un hecho de responsabilidad en el contexto de un país con un régimen democrático y que tiene como principio básico el Estado de Derecho”.
“No es posible que sigan ocurriendo filtraciones en casos que tienen carácter de reservado, pues eso daña la confianza en la instituciones en general. La presencia del exfiscal era insostenible dado que su actuar -por acción u omisión- representaba una contradicción con los principios básicos que guían al Ministerio Público“, complementa.
Así, asegura que “más allá de la repercusión que esto pueda tener en el Gobierno particularmente, es un reforzamiento a la idea de que en Chile las instituciones de justicia deben funcionar“.
Fuente: Emol
